La
ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada hoy
como miembro de una asociación ilícita que cometió el delito de administración
fraudulenta agravada, y fue embargada por 10.000 millones de pesos junto a su
ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública
José López y el empresario Lázaro Báez.
La
decisión del juez federal Julián Ercolini recayó sobre doce indagados en la
causa que investiga el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública
nacional en Santa Cruz a favor de empresas como "Austral
Construcciones", del detenido Báez, durante el kirchnerismo.
Además,
el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos
los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o
salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas
de toma de huellas dactilares.
En
el fallo, de 794 carillas, el juez procesó a Cristina, De Vido, los detenidos
López y Báez, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos
Kirchner, con un embargo de 10.000 millones de pesos para cada uno y por
delitos de corrupción, asociación ilícita y administración fraudulenta
agravada, por cometerse en perjuicio de la administración pública.
La
asociación ilícita prevé una pena de hasta diez años de prisión.
Ercolini
sostuvo que todos los procesados tuvieron un rol determinado en la ejecución de
"planes delictivos" en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de
Santa Cruz.
"Se
advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción
pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del
cargo en que fueron colocados", remarcó el fallo. Todos los funcionarios
públicos procesados "conocían el pacto que los unía", agregó el juez
al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.
Esta
es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex
Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta
de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio
Bonadio.
La
decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en
la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de
enero.
López
está preso por orden del juez federal Daniel Rafecas y procesado por
enriquecimiento ilícito tras haber sido sorprendido cuando intentaba esconder
bolsos con 9 millones de dólares en un monasterio en General Rodríguez. Y
Lázaro Báez tiene prisión preventiva en una causa por lavado de activos a cargo
del juez federal Sebastián Casanello.