Si el tribunal fallara contra el gobierno, éste pensaría en
un autogolpe.
Imagen: gentileza de Mapa de la corrupción en Argentina.
Con una magnitud mayor a
otros casos desde que fue electa en el 2007, la presidente sufre una gran
derrota política debida a un innecesario despliegue de soberbia. Herida por la
gran protesta social del 13 S, CFK respondió poniéndole fecha a la aplicación
de la ley de medios al Grupo Clarín y así nació el 7 D. Si el gobierno hubiera
evitado este gesto de omnipotencia, el fallo de ayer de la Sala I de la Cámara
Civil y Comercial hubiera sido sólo un revés para la estrategia oficial pero no
una grave derrota política. Una exitosa abogada como es la presidente no puede
ignorar que si algo no se debe hacer en los litigios judiciales es ponerles
fecha.
Desde hace 48 horas, el
gobierno ya tenía señales de que el rechazo de las recusaciones a varios
camaristas civiles y comerciales realizado por los jueces contenciosos Marcelo
Duffy y Jorge Eduardo Morán y la jueza civil y comercial María Susana Najurieta
iba en camino del fallo de esta última y Francisco de las Carreras extendiendo,
hasta el dictado del fallo sobre la cuestión de fondo, la cautelar que vencía
hoy y que suspende la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios
al Grupo Clarín.
Como reacción, el gobierno
optó por estrenar el nuevo recurso extraordinario por salto de instancia, por
lo cual en las próximas horas le pediría a la Corte Suprema que dicte la
nulidad de la extensión de la cautelar. Por lo que trascendió, la nueva
argumentación oficial se centraría en que el nuevo fallo de la Sala I entraría
en contradicción con el fallo de la Corte de mayo pasado que dispuso que la
cautelar debía caer el 7 D.
Pero la nueva -y obligada-
estrategia judicial de la Casa Rosada apuntaría a plantearle a la Corte un difícil
dilema. De acuerdo a lo que dispone el artículo 1° de la ley de per saltum: “La
Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren
prima facie los requisitos para su procedencia, en cuyo caso proseguirá la
causa según su estado y por el procedimiento que corresponda”. Con este rechazo
in limine, el kirchnerismo tendría políticamente resuelto el fracaso del 7 D:
podría acusar a la Corte de complicidad con Clarín y profundizar entonces la
incipiente denuncia de supuesto golpe institucional de los jueces que ya
iniciaran Carlos Kunkel y Julio Alak.
Pero no hay duda de que el
objetivo del gobierno con el per saltum es conseguir que la Corte lo declare
admisible. Porque entonces, según establece la nueva ley: “El auto por el cual
el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos
suspensivos respecto de la resolución recurrida”. Es decir que la extensión de
la cautelar quedaría suspendida y Martin Sabbatella podría entonces empezar a
readjudicar las licencias de Clarín que se encuentran en infracción. De ocurrir
esto, la Corte pasaría a ser la responsable directa de que la AFSCA inicie el
desguace del multimedios. La tercera hipótesis, jurídicamente la más sólida,
consistiría en que el tribunal admita el per saltum y se pronuncie a favor de
la extensión de la cautelar. Entonces el efecto político sería como en la
primera hipótesis pero mucho más grave, porque al fallar la Corte a favor de
Clarín, el cristinismo ya podría hablar de que está consumando un golpe de
estado.
Alfonso y su fallo
Pero esta nueva partida de
ajedrez político-judicial tiene otro costado. La Sala I de la Cámara Civil y
Comercial, con similares términos a la reciente resolución de la Corte ante una
presentación de Clarín, señala que la extensión de la cautelar se justifica
para evitarle un perjuicio irreparable al Grupo Clarín ante el inminente
dictado del fallo sobre la cuestión de fondo, es decir, la acción declarativa
de certeza sobre los artículos 45 y 161 que debe resolver Horacio Alfonso,
titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1. Después del fallo de ayer de la
Sala I, se supone que Alfonso está más urgido que antes para resolver la cuestión
fondo y más aún por cuanto la Corte la semana pasada lo intimó a que lo hiciera
en forma urgente.
Una lectura meramente
judicial de esta situación indicaría que Alfonso debería pronunciarse a la
mayor brevedad, lo que pondría fin al debate sobre la cautelar. Pero la
realidad es que si Alfonso fallara ahora a favor de la constitucionalidad de la
ley de medios, Clarín podría apelar con efectos suspensivos y la sentencia no
tendría efectos hasta que resuelva la Cámara Civil y Comercial, donde soplan
vientos no precisamente favorables al cristinismo. Así las cosas, todo indica
que al gobierno hoy le interesa que Alfonso no falle y que su carta es el per
saltum.
Golpeada como pocas veces,
Cristina le arroja ahora la braza ardiente a la Corte y probablemente prepare
también una escenografía wagneriana. En este marco, un fallo del máximo
tribunal contra el gobierno podría desatar una especie de autogolpe
cristinista, tensando la cuerda hasta límites inéditos.
por Cárlos Tórtora
de El Informador Público