Diputados y senadores de la oposición, junto a representantes de organizaciones de abogados e intelectuales, llevaron a cabo este jueves una Audiencia Pública convocada por el radicalismo para explicar el estado del juicio político contra el fiscal José María Campagnoli, suspendido por la procuradora Alejandra Gils Carbó cuando investigaba la ruta del dinero K durante el año pasado.
“Cuando la corrupción no causa sorpresa, la República está perdida”, sentenció el presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, quien inició las deliberaciones.
Con la participación de legisladores del Frente Amplio UNEN, el Pro y el Frente de Izquierda, en el salón Azul del Senado, se analizó el transcurso del jury de enjuiciamiento junto a los abogados defensores, Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, quienes denunciaron“persecución política” del gobierno y requirieron que el Congreso controle la independencia del Ministerio Público.
Negri destacó que “profundizar controles y garantizar a los ciudadanos la recuperación de sus derechos es la verdadera democratización de la justicia” y agregó sobre el proceso a Campagnoli que “cuando se dio de bruces con los testimonios y antes de dictarse la sentencia, la jueza María Cristina Martínez Córdoba pidió licencia y finalmente renunció dejando vacante su lugar. Es decir, para nosotros el juicio ha finalizado”.
“Hace siete meses nos sometimos al proceso, pedimos que sea cuanto antes el juicio”, repasó Campagnoli, y agregó: “Percibíamos que la causa se caía por falta de sustancia y que el fallo iba a ser favorable a nosotros”. Además advirtió que cuando se reanude el proceso “no sabemos qué van a resolver ni cómo van a integrar el tribunal. Espero volver pronto a mi despacho de fiscal en el barrio de Saavedra”.
Por su parte, el presidente de la bancada radical del Senado, Gerardo Morales, resaltó que “el doble estándar sigue siendo la sustancia del kirchnerismo” y recordó, que junto a otros radicales, ha denunciado penalmente a Gils Carbó, al Procurador de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y al fiscal federal de La Rioja, Michel Horacio Salman, “justamente por Encubrimiento, Retardo y denegación de justicia y Prevaricato, en tanto se han verificadodemoras injustificadas en la investigación de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en las que se encuentra denunciado el actual jefe del Ejército, César Milani”.
“Hay falta de transparencia. El ministerio público está bajo la sola voluntad de su titular Alejandra Gils Carbó”, criticó Ricardo Gil Lavedra quien aseguró que “el juicio no puede seguir porque el tribunal no puede integrarse por alguien que no estuvo en todo el trámite. Es prioritario que se levante la suspensión y se reponga al fiscal en sus puesto”.
Participaron del encuentro de casi 3 horas, los integrantes del Consejo de la Magistratura Eduardo Fargosi y Daniel Olstroposlky; Alejandro Gómez de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Máximo Fonrouge del Colegio de Abogados de Buenos Aires; Fernando Frávega de la Asociación Será Justicia; Luís Cevasco de la Asociación Argentina de Fiscales; Carlos Donoso Castex de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del ministerio público fiscal; Enrique Ramos Mejía de la Corporación de Abogados Católicos y Rosendo Fraga de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También estuvieron presentes el titular de la AGN, Leandro Despouy; el ex Fiscal Pablo Lanusse y el ex diputado Horacio Jaunarena.
