La reelección de la presidenta de Brasil viene acompañada por un replanteo de estrategias destinadas a combatir la inflación y la corrupción. Las evidencias muestran que estos dos flagelos son mucho más graves en Argentina que en el país vecino. Por eso, una inteligente mirada del proceso brasileño debería trascender el ámbito económico y extenderse a su dimensión política ya que delinea la agenda de políticas públicas que debería asumir la Argentina.
Generó sorpresa la decisión de la presidenta Dilma Rousseff
de tomar como ejes de su nuevo periodo de gestión un enérgico compromiso para combatir la corrupción y la inflación. Esto
se ha traducido en hechos concretos. Las investigaciones sobre contrataciones
del Estado ya han conducido al encarcelamiento de importantes empresarios y
políticos. En paralelo, se designó como ministro a Joaquim Levy, un reconocido
economista con convicciones muy claras en la idea de que la estabilidad de
precios exige el ordenamiento de las cuentas públicas.
El Partido de los Trabajadores de Brasil tiene una profunda
raigambre de izquierda, sindical y popular. Por eso, resulta muy relevante observar
que la presidenta de Brasil pone en marcha un cambio radical y estructural de combate a la corrupción y al ordenamiento
fiscal para llevar a la práctica
esta orientación ideológica. Subyace el convencimiento de que la inflación y
la corrupción tienen un impacto social regresivo, además de que deteriora la
capacidad inversora y, por ende, la potencialidad de la economía brasileña.
Ante el cambio de estrategias políticas que viene aplicando
Brasil, resulta pertinente hacer algunas comparaciones con la situación de la
Argentina:
- En Brasil,
la inflación anual a octubre
fue de 6,6% anual.
- En Argentina, el crecimiento anual de los precios
llega al 27% según el INDEC y al
41% según las mediciones
privadas.
- El Índice de
Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional ubica a Brasil en el puesto 69° mientras que a la Argentina en el 107° sobre 174 países.
Estos datos muestran que tanto la inflación como la corrupción son mucho más intensas en la
Argentina que en Brasil. Sin embargo, es el gobierno de Brasil el que se
adelantó impulsando un plan de ordenamiento fiscal, en el entendimiento de que
aumentar impuestos (incluyendo el inflacionario) para financiar gasto público
espurio y corrupción es recesivo y regresivo. Se trata de una reacción para
hacer frente al ritmo cansino que muestra la económica brasileña que, en
materia de crecimiento económico, supera en la región a la Argentina y
Venezuela pero se ubica por detrás de Chile, Perú, Colombia y México. A esto se
le agrega el presagio de que el contexto internacional no será tan favorable para
la región como lo fue en los últimos años.
Estos cambios, más
allá de la calidad de estadista de la presidenta de Brasil, reflejan la
percepción que tiene la sociedad brasileña sobre la importancia y las causas de
la inflación y la corrupción.
En este aspecto parecería que en la Argentina cuesta asociar la inflación con las
jubilaciones sin aportes en favor de familias de altos ingresos; el empleo público
para militantes y amigos; las tarifas ridículamente bajas; las empresas
públicas deficitarias; el abuso de la publicidad oficial. Por el contrario, en
muchos ámbitos prevalece el convencimiento de que el alza sostenida de los precios
es producto de la especulación empresaria. Un fenómeno análogo sucede con el
flagelo de la corrupción. Cuesta asociarla a la degradación de las
instituciones, como la independencia del Banco Central, de los entes regulatorios,
del Consejo de la Magistratura o del Congreso Nacional. Con mucha frecuencia se
adhiere a la equivocada idea de que el combate a la corrupción sólo depende de
un buen periodismo de investigación y un juez dotado de arrojo y valentía.
Sería muy provechoso
mirar a Brasil no sólo en el plano económico sino en el de los procesos
políticos. La
dirigencia de ese país está teniendo una inteligente reacción al asumir que la
inflación y la corrupción no derivan de acciones aisladas de individuos
inescrupulosos sino de instituciones degradadas
y corrompidas. Por eso buscan poner énfasis en una administración más
austera y transparente del gasto público, el manejo de las empresas estatales y
el financiamiento de la política. Se trata de un proceso a imitar para un país
como la Argentina que sufre similares problemas de estancamiento, inflación y
corrupción, pero mucho más graves en intensidad que los de Brasil.
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