El pasado lunes 1° de diciembre la Concejal de San Isidro Jacqueline Girassolli, miembro del bloque del FPV y de la Comisión creada por la Ordenanza 8743/13 “Comisión Revisora de la Concesión de Parquímetros SISTE”, presentó un fuerte dictamen de rechazo de la prórroga de la concesión a la firma JOSE A. CHEDIAK S.A. (operadora de los parquímetros SISTE), por las manifiesta irregularidades e ilicitudes que se denotan en el proceso de contratación.
Consultada sobre la denuncia la Edil informó: “Que la empresa que opera SISTE solicitó por segunda vez una prórroga de la contratación alegando la deuda que le debería reconocer el Municipio por la no aplicación del aumento automático de tarifas. Explicó también que ese aumento automático de tarifas es ilegal porque constituye un mecanismo de Indexación el cual está prohibido por la Ley de Convertibilidad Austral”.
“La claridad y contundencia de la prohibición de indexar es insoslayable, y no es menor ya que ese artículo fue uno de los principales pilares sobre los que se rebatió la hiperinflación asimetría que aquejó a nuestra economía por fines de los 80´”, tal como dice en su dictamen Girassolli.-
Denuncia la Concejala que el Municipio, en una total connivencia con la empresa SISTE, reconoce el planteo de deuda por indexación, aun a sabiendas de su ilegalidad, y utiliza dicha deuda inexistente e ilícita como artilugio para justificar una prórroga directa sin licitación pública.
También expresa el dictamen “que conforme la Ley Orgánica de Municipalidades, toda contratación por encima del UN MILLON DE PESOS debe realzarse por licitación pública. El no permitir la licitación pública le cercena el derecho a cualquier otro ciudadano o empresa, en el marco de un proceso de licitación, a ofrecer al municipio mejores condiciones de contratación.”
Termina denunciando la Edil: “Que de esta forma el municipio está entregando a un privado un negocio público sin licitación y sin control, sin que ello reditué ningún beneficio económico al Municipio y a los Vecinos. Que las prórrogas que se están otorgando desde hace ya 6 años son gratuitas para le empresa, y que todo esto termina ilegalmente sacándole el dinero a los vecinos de san Isidro sin ningún beneficio para la ciudad.”
Agregó el Dr. Francisco Blaksley, miembro asesor del Partido Justicialista de San Isidro, “que el proceso de prórroga tal como está planteado constituye los delitos de Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos y Enriquecimiento Ilícito y que desde el Partido vamos a llevar adelante las acciones que fueren necesarias para evitar este fraude a los vecinos”.
