El presidente del Tribunal de Casación Bonaerense,
Federico Domínguez, fue procesado este martes por el delito de extorsión por su
actuación como abogado en los inicios de la causa por el atentado contra la
AMIA. La resolución fue firmada por el juez Ariel Lijo, que también procesó a
Luis Ernesto Vicat, el ex comisario de la Policía Bonaerense que estuvo a cargo
de la investigación por la voladura de la mutual y ya enfrentó un juicio por
presunto espionaje a jueces, ex funcionarios, políticos y agrupaciones de
derechos humanos. La lista incluye, además, a los abogados Marta Parascándalo y
Aldo Spicacci Citarella y al ex comisario Miguel Ángel Márquez.
Todos quedaron procesados porque, según la Justicia,
habrían hecho ofrecimientos o ejercido presión a policías bonaerenses que
estuvieron en un primer momento imputados en la causa AMIA, cuando se
investigaba la llamada "conexión local". Esas maniobras quedaron
expuestas durante los tres años de juicio oral en el que fueron absueltos
cuatro policías, entre ellos, el ex comisario Juan José Ribelli.
Los uniformados quedaron involucrados en la fallida
trama judicial del atentado luego de las revelaciones del único detenido del
caso por entonces, Carlos Telleldín, quien declaró a cambio de 400 mil dólares
cuya entrega ordenó el juzgado y efectivizó la SIDE.
En su momento, Telleldín identificó a los policías
que supuestamente le habían quitado la camioneta bomba que se estrelló contra
la AMIA como parte de un "apriete", y también apuntó a una quincena
de uniformados bonaerenses que habían cometido delitos graves, pero no
vinculados al atentado.
Precisamente el pago a Telleldín, considerado
espurio e ilegal, es parte de una serie de delitos por los que fueron enviados
a juicio oral el actual abogado y su entorno, así como el juez Galeano, los ex
fiscales Eamon Mullen y José Barbacci, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y
el entonces titular de la AMIA Rubén Beraja, entre otros.
En ese juicio -que no tiene fecha de inicio porque
aún no pudo constituirse un tribunal ya que los jueces convocados se excusan-
también debería sentarse en el banquillo el ex presidente Carlos Menem,
sospechado de haber ordenado frenar un allanamiento en los primeros días del
atentado, cuando la investigación apuntaba a la llamada "pista siria"
y salpicaba a allegados suyos, entre ellos, Alberto Kanoore Edul, cuya familia
provenía del mismo pueblo sirio que los Menem.
La lista de convocados a ese futuro juicio se
completa con Munir Menem, hermano de Carlos; los ex policías federales Jorge
"Fino" Palacios y Carlos Castañeda, los ex espías Juan Carlos
Anchezar y Patricio Finnen, y la ex esposa de Telleldín, Ana Boragni, quien
cobró los 400 mil pesos en dos cuotas.
Mientras se espera el juicio, la Cámara Federal
instó a Lijo a profundizar la investigación contra el ex ministro del Interior
Carlos Corach y secretarios judiciales que actuaron bajo las órdenes de
Galeano.
El magistrado avanzó ahora sobre otros involucrados:
los sospechados de presionar a clientes o testigos para que colaboraran con la
investigación de Galeano en el entonces expediente "Brigadas". A
ellos se les pidió que declararan contra Ribelli a cambio de dinero en algunos
casos, beneficios dentro de la fuerza en otros -como impedir que los declaren
prescindibles- o mejorar su situación procesal cuando estaban detenidos.
"Se tuvo por acreditado que los sucesos que
involucraron a Diego Barreda, Bautista Alberto Huici y Claudio Walter Araya
fueron parte de aquella maniobra, cuyo objetivo principal fue recolectar prueba
de cargo contra miembros de la Policía Bonaerense para que el magistrado
obtuviera elementos para incriminar falsamente a Juan José Ribelli, Raúl Edilio
Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Barreiro en el atentado a la
AMIA", sostuvo la resolución.
Según el fallo, "Luis Ernesto Vicat, Federico
Guillermo Domínguez, Marta Nélida Parascándalo, Aldo Andrés Spicacci Citarella
y Miguel Ángel Márquez materializaron las órdenes del juez de la causa en ese
momento para concretar el objetivo de fundar imputaciones falsas".
Lijo concluyó que "ya sea como abogados de
personas implicadas en los hechos -como el caso de Domínguez y Parascándalo- o
como auxiliares de Justicia del juez instructor para brindar colaboración en la
dilucidación del atentado -tal el caso del ex miembro de la policía bonaerense
Luis Ernesto Vicat-efectuaron presiones sobre personas investigadas por el Juez
para que declaren contra Juan José Ribelli, a cambio de los beneficios ya
mencionados".
Para el juez, los procesados "actuaron con
pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y los del ex juez y, sin
embargo, decidieron no apartarse de la maniobra que tiñó de ilegalidad la
investigación de la causa AMIA".