El Presidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XV, licenciado Pedro Salas, expresó al Gobernador Daniel Scioli su preocupación por la ausencia de un marco jurídico regulatorio arancelario que fije pautas y directrices arancelarias a fin de dotar a la actividad del psicólogo de un esquema jurídico transparente, justo y equitativo en armonía.
“A 30 años de la promulgación de la Ley provincial 10.306 que otorgó a los psicólogos un marco legal al ejercicio profesional, permitió jerarquizar la profesión y la salud mental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y la de todos sus habitantes, hoy, 30 años después, los psicólogos nos enfrentamos con una dura realidad: la desjerarquización profesional, los contratos basura y la proliferación de tercerizadoras en salud mental”, enfatizó a través de una carta enviada al mandatario provincial.
Añadió Salas que “las tercerizadoras en salud mental atentan contra la calidad de la atención que brindan los profesionales, ya que el honorario que se paga es precario y exiguo”.
Sostuvo que ello “se da por la falta de una regulación arancelaria, que otras profesiones como: médicos, abogados, contadores y arquitectos ya la tienen. Por eso se estima necesario en tren de mejorar la calidad de la Salud Mental y garantizar ésta, como un derecho humano que se elabore y consensúe con la intervención de los órganos competentes provinciales y la participación del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires el marco jurídico arancelario de esta actividad profesional”.
“Ésta sería una conquista fundamental para nuestro colectivo profesional que hoy día alcanza el número de 22.000 psicólogos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mejorar estas condiciones permitirá que nuestro colectivo profesional siga creciendo y aportado a la sociedad prestaciones de excelencia”, puntualizó.
Dijo que el propósito de este proyecto es reafirmar como política pública, un sistema de retribución fija y/o variable por los servicios de los psicólogos que ejerzan su profesión en relación de dependencia y/o en forma autónoma en el ámbito privado, a fin de que con la intervención del Estado Provincial se establezcan las tarifas de aranceles psicológicos en protección a las partes y a la seguridad e igualdad del ciudadano ante el acceso a los servicios psicológicos.
“La existencia de un arancel consensuado con intervención conjunta de la autoridad competente provincial, eliminaría toda incertidumbre por el costo del servicio profesional y obligaría a su cumplimiento a todas las partes que intervienen en el procedimiento profesional. En definitiva, las normas arancelarias funcionaran en beneficio de la comunidad que sabrá de antemano el costo del servicio profesional a recibir, fijado siempre sobre la base de un precio justo”, remarcó Salas.
Agregó el titular del Colegio de Psicólogos bonaerense Distrito XV, que ello “libera a las partes de discusiones indignas sobre el valor del trabajo a ser realizado, entre el que conoce el tiempo y responsabilidad que implicará el servicio, poniendo así en su justa perspectiva la importancia de la función psicológica”.
Solicitó finalmente a Scioli que, “por su intermedio se canalice la presente petición por ante el Ministerio de Salud Provincial con la intervención de las áreas competentes, a fin de proyectar y desarrollar en forma conjunta una regulación de honorarios psicológicos para aquellos profesionales que ejerzan la actividad profesional bajo relación de dependencia privada y/o autónoma”.
