El
organismo adhirió al pedido que lleva adelante la Provincia. Considera que la
falta de recursos atenta contra los derechos humanos básicos de los
bonaerenses.
Una
adhesión en “todos sus términos” a la demanda que presentó el gobierno de la
Provincia a través de la Fiscalía de Estado, para recuperar ingresos del Fondo
del Conurbano y el reconocimiento de que muchos derechos de los bonaerenses
seguirán siendo vulnerados si no se actualizan esas partidas, planteó la
Defensoría del Pueblo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Sólo
puede existir un derecho si hay una estructura detrás que garantice su
satisfacción”, sostuvo el secretario General a cargo de la Defensoría
provincial, Marcelo Honores, al explicar el sentido de la presentación ante el
máximo tribunal, que se suma al reclamo que lleva adelante el Gobierno
provincial.
En
esa línea, Honores sostuvo que “la contracara de todo derecho es el recurso
tributario para solventarlo. Dicho de un modo más directo, sin impuestos no hay
derechos”, y destacó que existe la “necesidad de contar cada vez con más
recursos presupuestarios para solventarlos, ya que de otra forma quedarían
reducidos a meras declaraciones”.
La
medida de la Defensoría tiene como antecedente la declaración institucional del
organismo en apoyo a las gestiones que encara el gobierno de María Eugenia
Vidal para actualizar el Fondo del Conurbano, que desde 1996 se encuentra
congelado en 650 millones de pesos. El mismo se basa en la recaudación que la
Nación hace sobre el Impuesto a las Ganancias, y el excedente a ese tope se
distribuye entre las provincias.
La
Defensoría entiende que este reparto va en desmedro de los legítimos derechos
de Buenos Aires, y que se basa en una norma “inconstitucional” que genera un
injusto modo de distribución de los recursos. A su vez considera, en base a la
solidaridad federal entre las administraciones, que la atención de las
necesidades del Conurbano constituye un verdadero problema de escala nacional.
“Esta
situación sumerge en la indigencia a centenares de miles de personas y vulnera
los derechos humanos básicos, circunstancia que no puede ni debe ser soslayada
por el Defensor del Pueblo”, detalló Honores, a la vez que habló de “valorar
adecuadamente las prioridades en la asignación y ejecución de los recursos
presupuestarios para favorecer a los bonaerenses”.
Además,
en la presentación ante la Corte, la Defensoría reconoció una relación
indivisible entre los derechos y las partidas afectadas para solventarlos, y
planteó que el grueso de los reclamos que atiende tiene que ver con omisiones
del Estado por falta de recursos.
En
este caso, puso como ejemplo la mediación de la Defensoría, en 2014, entre el
Gobierno bonaerense y los gremios docentes, en medio de un paro de casi treinta
días; el pedido ante la falta de vacantes en los hogares convivenciales para
atender a niños, niñas y adolescentes; y el reclamo por las graves falencias
edilicias en la mayoría de los hospitales bonaerenses, todas situaciones
relacionadas a la falta de financiamiento del Estado para hacer frente a estas
necesidades.
En
definitiva, el pedido que hace la Defensoría ante la Corte nacional es para
intervenir en carácter de tercero voluntario, ya que la sentencia puede afectar
su propio interés como garante de derechos; o como amicus curiae, una figura
por la cual el organismo puede presentar elementos al máximo tribunal para
apuntar a una sentencia justa.