La celebración del Día del Trabajador muestra nuevamente el contraste entre una realidad caracterizada por severos problemas de empleo y los discursos que declaman en favor de los derechos laborales. La crisis en Santa Cruz es un testimonio aleccionador. Demuestra que la falta de empleo de calidad no se suple con generación de empleo público espurio sino que, por el contrario, el gigantismo del Estado termina asfixiando la capacidad de generación de trabajo genuino.
El malestar de los empleados y jubilados públicos de Santa Cruz desencadenó graves actos de violencia contra funcionarios y ex–funcionarios de la Provincia. Se trata de comportamientos que merecen una enfática condena. Ningún motivo justifica la destrucción de bienes y mucho menos el ataque a las personas. En democracia no hay instancia que contemple el uso de la fuerza por parte de la población contra sus gobernantes, por más legítimo que sea el reclamo, mala la administración o irritantes los actos de corrupción. Son las instituciones republicanas y el voto popular los que deben encauzar la situación por la vía pacífica, aunque esto parezca que dilate la solución. Se tiende a asociar el descalabro fiscal de la Provincia con la corrupción. Esto implica que si las políticas que se aplicaron en la Provincia hubiesen sido ejecutadas por funcionarios honestos, la situación sería diferente y no se estaría padeciendo la crisis actual. Para identificar las causas de la crisis resulta pertinente analizar la información sobre empleo público provincial que aporta la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Según estas fuentes se observa que entre los años 1996 y 2016:
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