El gobierno dispuso una reducción de impuestos distorsivos para ciertos sectores de la producción. La baja es buena señal, pero resulta insuficiente para salir de la recesión y riesgosa para la meta del equilibrio fiscal. Mejorar la gestión del IVA es la forma de salir de esta difícil encrucijada.
En respuesta a los reclamos de las entidades empresariales el gobierno nacional estableció la reducción de las contribuciones patronales para un grupo limitado de sectores con fuerte presencia en el interior del país. En concreto, se dispuso que los cultivos de frutas y verduras y la elaboración de leche, huevos, pescados, aceite de oliva, bebidas y madera tendrán un mínimo no imponible de $17 mil sobre el salario para la determinación de las contribuciones patronales, en lugar de los $7 mil que rigen como regla general.
Bajar las imposiciones sobre los salarios va en el sentido correcto de recuperar condiciones propicias para la producción y el empleo. Sin embargo, la reducción aparece como muy acotada a la luz de la profundidad y extensión de la recesión. En paralelo, va en contra de la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Esto explicita un dilema complejo. El objetivo de equilibrar las cuentas públicas (cuestión esencial para bajar la inflación y dejar de aumentar la deuda del Estado) impide extender a todos los sectores y con mayor profundidad la reducción de impuestos distorsivos que incluyen no solo a las cargas sociales sino también, entre otros, a los impuestos a las exportaciones y a los ingresos brutos.
¿Cuáles son las dimensiones financieras subyacentes en el desafío de promover la producción y el empleo a través de reducir estos impuestos distorsivos? Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda para el año 2019 se proyecta recaudar:
Por impuestos al trabajo (aportes y contribuciones a ANSES y PAMI) 6,6% del PBI.
otros 7,8% del PBI en concepto de IVA. Esto es más de la mitad de impuestos distorsivos.
La modernización del IVA es un desafío ambicioso, pero posible y alcanzable en el corto plazo. Un paso importante es rediseñar el monotributo, generalizando en todo el país su unificación con Ingresos Brutos y tasas municipales y estableciendo reglas que morigeren los incentivos a que los contribuyentes permanezcan espuriamente en él para evitar el régimen general. El otro paso estratégico es la masificación de la factura electrónica y pasar a la determinación unificada del IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales desde el Estado. Esto implica eliminar el esquema actual basado en declaraciones juradas de los contribuyentes. Además de mejorar la recaudación, este cambio reduciría sustancialmente la carga administrativa sobre los contribuyentes.
