Patricia María Vásquez
Ex Secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación
Con excusas de emergencias y políticas públicas ineficientes ante la real necesidad de acceso a la vivienda, se avanza sobre el orden, las instituciones y los derechos individuales. Es la amenaza más contundente de la Paz Social. Nada puede justificar evadir los preceptos constitucionales, absolutamente indispensables para una convivencia pacífica. ESE es nuestro Pacto Social.
La usurpación es un delito contra la propiedad privada tipificado en el art. 181 del Código Penal. No es maleable a ningún relato ideológico, ni de interpretación difusa. Por ello, es inaceptable confundir el estado de necesidad con ¨justificación de tomas de tierras privadas¨. Esto constituye instalar la grave confusión de ¨la justicia por mano propia¨, y en definitiva, la anarquía más nefasta con ausencia del poder público, o aún peor, con el consentimiento y apoyo del Gobierno al caos fuera de control. Sin perjuicio de las innumerables tomas cometidas en el año en curso, de todas formas censurables e ilegítimas, el caso Etchevhere pone de manifiesto una justicia políticamente afectada y evidentemente alejada del orden jurídico.
El Juez subrogante Raúl Flores, parece desconocer no sólo el derecho penal, sino también el civil, la legislación y jurisprudencia en general, y la propia Constitución Nacional. Con sus argumentos, el Magistrado interpreta el derecho y la ley con serios errores conceptuales. Justicia es dar a cada uno lo suyo conforme a las leyes vigentes. A Él no se acudió a fin de resolver cuestiones sucesorias que se encuentran en manos de otro Juez natural. El Juez Flores está disponiendo sobre cuestiones extra petita, no sometidas a su competencia, viciado de incongruencia y afectando la garantía de defensa en juicio ( arts. 17 y 18 de la CN), y lo que es peor aún avalando la justicia por mano propia y la violación expresa de los derechos constitucionales.
A una cuestión de desapoderamiento de propiedad privada en el marco de una usurpación con pedido de desalojo, pretende resolver una cuestión de conflicto sucesorio entre una familia. Si es el caso, quien se haya considerado afectado en esos términos debe requerir su corrección en el ámbito de la justicia, y en particular ante el Juez del sucesorio, pero de ninguna manera proceder a la usurpación de un inmueble, indiviso o no, con cientos de terceros ajenos a esa cuestión. Usurpar es un delito e implica siempre violencia, engaño o abuso de confianza. No hay justificaciones para mantener un estado de incertidumbre sobre el derecho de propiedad. Si así fuera no existirían más los desalojos, cada cual tomaría lo que ¨cree¨ que le corresponde.
El Juez Flores es responsable de convertir un reclamo conforme a derecho en un caos social que puede habilitar el ¨vale todo¨ y la justicia por mano propia de cualquiera de las partes. Debemos sostener y mantener el estado de derecho, el orden jurídico y la legalidad. El respeto por la Constitución Nacional no es opinable. Estamos ante un peligro cierto de anarquía y descontrol social en el cual los límites que se desmarcan sólo pueden conducir a una destrucción muy peligrosa para toda la sociedad más allá de las ideologías. Nuestra Patria necesita más que nunca de previsión y respeto por el orden institucional y el marco constitucional para resguardar la seguridad jurídica indispensable en cualquier sociedad civilizada.
Patricia María Vásquez
Ex Secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación
