El conflicto entre la Nación y CABA deja al desnudo que la coparticipación está agotada. En vez de insistir con una nueva ley de coparticipación hay que devolver potestades tributarias a las provincias. Para las zonas más rezagadas del norte, crear un fondo de convergencia a fin de acelerar su desarrollo social.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibía históricamente el 1,4% de la coparticipación federal de impuestos. En enero del 2016, Nación y CABA firman un convenio de transferencia de la Policía Federal a la jurisdicción de CABA. El convenio fue aprobado por la Legislatura de CABA pero no por el Congreso nacional. Por decreto nacional se subió la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75%. Con la firma del Consenso Fiscal 2017 esta participación se redujo a 3,5% a los fines de adecuar el porcentaje a los cambios impositivos dispuestos en ese acuerdo.
El actual gobierno aduce que este porcentaje de coparticipación excede al gasto de la policía transferida. Por ello, en setiembre de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 2,32% y con el remanente financia el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno nacional promueve la sanción de una ley por la cual la coparticipación de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Tesoro nacional le transferirá $24,5 mil millones anuales actualizables para sostener a la policía transferida.
Un dato clave es que nunca se presentó un estudio oficial sobre el costo de los servicios transferidos. Apelando a información histórica de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede trazar el siguiente panorama para el 2020:
- Los $24,5 mil millones que plantea el gobierno nacional equivaldrían a precios actuales a lo que le costaba a la Nación el personal transferido.
- Incluyendo otros costos, además de personal, según la ejecución presupuestaria los servicios transferidos costarían a CABA en la actualidad unos $38,2 mil millones.
- El incremento de coparticipación otorgado a CABA ascendería aproximadamente a $57,2 mil millones.
Estos datos señalan que la porción de coparticipación otorgada en su momento por la Nación a CABA excedería a lo que insume la transferencia de la Policía Federal. A su vez, también muestran que el monto fijado en la ley impulsada por el gobierno nacional no alcanzaría para cubrir estos costos. Si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado. Pero el oscurantismo y el desprecio por la institucionalidad degradan la gestión pública.
Parte de los desfasajes se produjeron porque se manejó con ambigüedad y poca transparencia el aumento en la coparticipación de CABA. Al fijarse como un porcentaje de la coparticipación, y no como un monto fijo actualizable, no había garantías de que los ingresos adicionales que recibe CABA sean similares a los costos de los servicios transferidos. Lo que ocurrió en la práctica es que la masa coparticipable aumentó a partir de marzo del 2016 por un hecho extraordinario: la devolución del 15% que se destinaba a la ANSES. Esto hizo que los recursos recibidos por CABA crecieran por encima de lo que cuesta la policía. Hoy, con la ley que impulsa el gobierno, los recursos transferidos a CABA no van a compensar las erogaciones que generan los servicios transferidos.
Pero el aspecto más insólito de este entuerto es que el Estado nacional termina financiando los servicios de seguridad de la jurisdicción más rica de la Argentina y posiblemente del Cono Sur. Se trata de otra evidencia de que no tiene sentido seguir insistiendo en la necesidad de acordar una nueva ley de coparticipación. Un mecanismo que centraliza el 80% de la recaudación impositiva en el nivel nacional para luego distribuirla entre las jurisdicciones, fatalmente genera tratamientos injustos, distorsivos, ineficientes y conflictivos. Reglas de distribución oscuras y discrecionales son inevitables mientras se mantenga esta desproporcionada centralización de recursos a nivel nacional.
En lugar de persistir con esta decadencia sería mejor abordar una descentralización de potestades tributarias hacia las provincias y los municipios. Cada jurisdicción debe financiarse con sus propios impuestos y rendir cuentas a la sociedad por los servicios que otorgue a cambio de dichos impuestos. Dada las fuertes disparidades regionales, sería pertinente un fondo de convergencia en el que las provincias más ricas financien, con plazo definido, el desarrollo de las zonas más atrasadas del norte del país.
Para más información, puede comunicarse con el Economista Jorge Colina. Mail: jcolina@idesa.org Tel: +54 9 11 4550 6660.
