En la Argentina el trabajo infantil se encuentra prohibido por ley. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo que es 16 años.
Por otro lado, existe el trabajo adolescente protegido que es aquel realizado por personas de entre 16 y 17 años, quienes se encuentra habilitados a trabajar siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización de sus padres, responsables o tutores, a excepción de aquellos adolescentes que se encuentren emancipados.
Las excepciones a la prohibición del trabajo infantil son el trabajo artístico y el trabajo en empresas familiares (cuyo titular sea el padre, madre o tutor) para personas mayores a 14 años y menores a 16 siempre que no trabajen más de 3 horas diarias; no realicen tareas penosas, peligrosas o insalubres y cumplan con la asistencia escolar.
La protección de los menores del trabajo ilegal es importante para promover su normal desarrollo y dedicación al estudio con miras a favorecer en un futuro la movilidad social. En la mayoría de los casos la vulnerabilidad económica de las familias y el difícil acceso a la educación generan un entorno oportuno para la existencia del trabajo infantil.
Según datos de la encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA) realizada entre 2016 y 2017, el porcentaje de menores que realizan al menos una actividad productiva, ya sea para el mercado, de autoconsumo o domesticas intensivas es de 23,5% en las zonas rurales, 10,9% en las zonas urbanas y 12,5% en total.
Las actividades realizadas para el mercado son importantes porque se consideran actividades destinadas a percibir un ingreso para el hogar. En algunos casos estos niños o adolescentes salen a trabajar porque el ingreso familiar no alcanza para cubrir las necesidades.
Realizando una desagregación según sexo, edad y región, se puede observar el porcentaje de niños y adolescentes que trabajan para el mercado y se concentra en los varones de las zonas rurales. En estas zonas el porcentaje de niños de 5 a 12 años que trabajan es de 5.8% y de adolescentes de 13 a 17 años es de hasta 25.2%.
En total el porcentaje de adolescentes que realizaban una actividad para el mercado según esta encuesta del año 2016 y 2017 era de 12,6%. Entre octubre y noviembre de 2020 UNICEF realizo una encuesta de percepción y actitudes de la población, relacionada al impacto de la pandemia en las familias. Del reporte de esta encuesta podemos extraer que el dato de adolescentes que realizan actividades para el mercado aumentó al 16%. Por lo que probablemente la situación de protección de niños, niñas y adolescentes se ha visto deteriorada durante y luego de la pandemia.
Es necesario obtener datos actualizados de la situación de protección de los menores, realizando una nueva ola de la EANNA. La EPH no genera información útil para el seguimiento de estos indicadores, ya que no incluye las zonas rurales que es donde más incidencia tiene este fenómeno.
Para reducir el trabajo infantil hace falta primero que nada una economía estable y en crecimiento, transferencias bien direccionadas para mantener a los menores asistiendo a las escuelas y mejorar la accesibilidad a la educación en general.
