Ante
la aceleración inflacionaria producto del descalabro fiscal aparece como
inevitable, aunque muy resistido, un fuerte ajuste fiscal. El camino
alternativo para equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas, y
simultáneamente mejorar la gestión pública, es abordar un ordenamiento integral
del Estado.
No
hacer nada lleva inexorablemente a que la inflación haga el “ajuste”. Es decir,
que un fuerte aumento de precios licue gastos y deudas. También cabe la
posibilidad de tomar medidas explícitas, por ejemplo, manipular la movilidad
previsional, congelar salarios e inversiones, aumentar (o no reducir)
impuestos. Ambas estrategias permiten bajar transitoriamente el déficit
financiero, a costa de aumentar los déficits de gestión pública y el sesgo
anti-productivo. El camino alternativo es abordar un ordenamiento integral del
Estado que permita el equilibrio fiscal con un clima favorable para expandir la
producción y mejorar la situación social.
Para
ilustrar la diferencia entre ajuste y ordenamiento sirve observar la
composición del gasto público nacional. En el año 2022 el gasto primario de la
Nación ascendió a 20,3% del PBI y se distribuyó de la siguiente manera:
En
funciones estrictamente nacionales (seguridad social, universidades, obra
pública interprovincial y de funcionamiento) se gastó el 15% del PBI.
En
subsidios económicos (energía, transporte y otros) se gastó 2,8% del PBI.
En
funciones provinciales (salud, educación, vivienda, urbanismo y asistencia
social) se gastó 2,5% del PBI.
Estos
datos muestran que, si el Estado nacional se concentrara solamente en las
funciones que le corresponden, aparece un amplio espacio fiscal (5,3% del PBI)
para reducir el gasto público nacional. Cabe tener en cuenta que los subsidios
económicos deben tender a desaparecer junto con el fortalecimiento de las
tarifas sociales, que, como el resto de la política social (salud, educación,
vivienda, urbanismo) son responsabilidad de las provincias –y sus municipios–
por imperio del régimen federal adoptado por la Constitución.
Este
ordenamiento funcional del Estado tiene que ir acompañado del ordenamiento
tributario. Tender a que el financiamiento de las provincias se centre en el IVA
(que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales) y un impuesto al patrimonio
(que surja de unificar Bienes Personales, inmobiliario y automotor). Mientras
que la Nación se financie con un impuesto a los ingresos personales (aportes a
la seguridad social y ganancias de las personas humanas), ganancias de las
empresas, aduana y contribuciones patronales.
Este
esquema permite derogar la ley de coparticipación ya que la regla general pasa
a ser que cada jurisdicción se sostiene con sus propios impuestos. Para
contemplar la situación de las provincias más pobres del norte es necesario
asignar solidariamente recursos a un Fondo de Convergencia que les garantice el
actual nivel de financiamiento pero condicionado a un plan que active su
desarrollo. Este plan debería priorizar inversiones estratégicas en lugar de
financiar la expansión del empleo público improductivo y los gastos
clientelares, como hoy incentiva la coparticipación.
Si el próximo gobierno prioriza estabilizar la economía en base a un plan de “ajuste” fiscal las probabilidades de fracaso son altas. La razón es que el “ajuste” fiscal, al pasar por alto que el Estado padece de severas deficiencias organizativas, mantiene (en algunos casos aumenta) las barreras al desarrollo. Entre las más importantes, la compleja e irracional conformación del sistema tributario, los incentivos perversos que genera la coparticipación y las ineficiencias que generan los solapamientos entre los tres niveles de gobierno. El “ajuste” puede reducir el déficit, pero no remueve las trabas al desarrollo. Un planteo más sensato es revisar integralmente la organización del Estado. El objetivo es lograr equilibrio fiscal (paso imprescindible para eliminar la inflación) con un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleos de calidad y el mejoramiento en la gestión de los servicios sociales a cargo del Estado.
Román Reynoso 2023
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