El dispositivo institucional
que más compromete el funcionamiento de las sociedades modernas es el
previsional. Al ser derechos vitalicios, decisiones que se tomaron en el pasado
generan compromisos fiscales en el presente. Con el ordenamiento previsional se
pueden mejorar los resultados a futuro.
La previsión social en
Argentina no constituye un sistema. El denominado Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) está concebido como régimen general.
Pero en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y
regímenes diferenciales con menor edad de retiro. En paralelo al SIPA, y con escasa
articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de
profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general,
las cajas que no pertenecen al SIPA tienen reglas más beneficiosas y, dentro de
ellas, también hay regímenes especiales. La suma da como resultado cerca de 240
regímenes que pagan unas 10 millones de jubilaciones y pensiones.
La fragmentación produce
información dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en
iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva. La
Argentina es de los pocos países que tiene una rama especializada del derecho y
una institucionalidad judicial específica para tratar juicios previsionales.
Una particularidad muy importante es que los beneficios jubilatorios son
derechos vitalicios cuya actualización está protegida en la Constitución. Por
lo tanto, las decisiones en materia previsional generan compromisos
financieros para el Estado con impacto en el largo plazo.
¿Es financieramente
sustentable este desorden? Datos para responder surgen de un
estudio actuarial desarrollado en IDESA sobre el régimen general del SIPA (es
decir, sin incluir regímenes especiales y diferenciales). Según este estudio,
si se mantienen las actuales reglas jubilatorias, el comportamiento del gasto
previsional sería el siguiente:
- El gasto previsional del SIPA en el 2023 ronda
el 7,2% del PBI.
- En el 2035 aumentaría
al 7,5% del PBI.
- En el 2045 llegaría
a 8,5% del PBI.
Estos datos muestran que, aun
recuperando el crecimiento económico (las proyecciones asumen un crecimiento de
3% acumulativo anual), con las reglas previsionales actuales el gasto
previsional tiende a crecer, aun suponiendo que no se siguen renovando las
moratorias. Esto colisiona con el propósito de tener un Estado solvente
para eliminar la inflación y promover el crecimiento económico. Por eso, cambiar
la tendencia del gasto previsional es un tema estratégico.
Ante el crecimiento del gasto,
la tradición viene siendo aplicar ajustes. Es decir, manipular
la movilidad para que los haberes se actualicen por debajo de la inflación. Más
allá de los cuestionamientos sociales y éticos que esto supone, la licuación
con inflación no resuelve el déficit previsional. Permite bajar el gasto en el
corto plazo a costa de aumentar el gasto futuro cuando haya que pagar los
juicios de esta ilegal licuación de haberes. El actual gobierno, por ejemplo,
ajustó el gasto previsional con inflación en un 1% del PBI.
Las soluciones pasan por el
ordenamiento previsional. Por un lado, respetar los derechos
adquiridos de los actuales jubilados. Por el otro, adaptar las normas
previsionales para que sean cumplibles en el futuro. Esto no solo es
decisivo para lograr una macroeconomía sana, sino también para darle
previsibilidad a los trabajadores activos sobre cuáles serán sus derechos
cuando lleguen a la edad de retiro. Dicho de otra manera, no caer nuevamente en
la tentación de aplicar ajustes para lograr impactos de corto plazo sino
revisar las reglas jubilatorias para que en el futuro sean cumplibles.
El ordenamiento previsional
implica involucrarse en temas mucho más complejos que el tradicional ajuste.
Entre otros, no seguir renovando las moratorias y en su lugar mejorar la
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); revisar el régimen de pensiones
para los convivientes; establecer un mecanismo gradual para que todos los
tratamientos especiales converjan a las reglas generales; contemplar la
actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la
dinámica demográfica.
El estudio actuarial permite estimar que, con cambios de este tipo, el gasto previsional puede estabilizarse en los niveles actuales en la próxima década. Que el gasto previsional no siga creciendo y que simultáneamente aumente la equidad (igual tratamiento a iguales condiciones) es un importante logro colectivo y un paso clave hacia un sector público ordenado y sustentable.
Román Reynoso 2023
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