El DNU estipula que las
prepagas competirán de manera directa, sin necesidad de derivar aportes desde
una obra social. Para que toda la gente pueda elegir libremente hay que elevar
el ingreso per cápita de las familias de bajos salarios. Esto se puede lograr
ordenando el Fondo Solidario de Redistribución.
Hasta la década del ‘90 la
afiliación a la obra social era cautiva. El trabajador estaba compulsivamente
afiliado a la obra social del sindicato firmante de su convenio colectivo. Esto
generaba incentivos perversos: derroche, corrupción y mala calidad de los
servicios. Con la reforma de los ‘90 se permitió la libre elección
entre obra sociales. Por haber sido instrumentada por decreto simple (no un
DNU), las prepagas ingresaron al sistema a través de la derivación de aportes
desde una obra social que les cobra una comisión.
Ahora, con el DNU, el cual
tiene más margen de maniobra que un decreto simple, se permite el ingreso
directo de las prepagas. La ventaja es que el 100% del aporte de
los trabajadores va a la cobertura sanitaria dado que se evita la comisión a la
obra social que opera como un mera pantalla. Pero, para que esto funcione
correctamente, hay que resolver el problema de los hogares que, por su mayor
tamaño o bajos salarios, tienen un aporte per cápita insuficiente para
financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Este desafío se puede
resolver replanteando el uso del Fondo Solidario de Redistribución
(FSR). Este fondo se constituye por aproximadamente el 15% de los aportes
salariales al sistema. Según datos de la Superintendencia de Servicios de
Salud, para el acumulado a setiembre 2023, se observa que:
- En subsidios a las obras sociales para
compensarlas por gastos en servicios sociales a la discapacidad se
asignaron $185 mil millones.
- En subsidios a las obras sociales para
compensarlas por gastos en tratamientos de alto costo se
distribuyeron $23 mil millones.
- En subsidios a los trabajadores de
bajos ingresos a fin de que eleven su aporte per cápita familiar
apenas se utilizaron $4 mil millones.
Estos datos muestran que una
porción muy pequeña del FSR se utiliza para elevar el aporte per cápita de los
hogares de menores ingresos. La principal consecuencia es que en el sistema
hay muchas familias desfinanciadas. Es decir, quedan desamparadas
porque su aporte no cubre el costo del PMO. Estas personas
generalmente terminan atendiéndose en los hospitales públicos provocando una
enorme transferencia oculta de recursos provinciales hacia las obras sociales.
Para garantizar un acceso más
equitativo a la atención sanitaria, mitigar la transferencia espuria de
recursos provinciales a las obras sociales y permitir una competencia sana
entre obras sociales y prepagas es imprescindible un ordenamiento del
FSR. Las erogaciones para asistir a las personas con discapacidad tienen
que estar a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Este ente debe financiar los servicios sociales a los discapacitados por ser el
que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Con la misma
orientación, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) –que es la agencia estatal
que evalúa cuando corresponde ejecutar un tratamiento de muy alto costo– tiene
que hacerse cargo de suministrar el financiamiento. Estos cambios se pueden
instrumentar sin aumentar el gasto público, en la medida que se desactiven los
programas nacionales que ejecuta el Ministerio de Salud nacional en funciones
que son responsabilidad y ya están financiadas por las provincias.
De esta forma, se podría
asignar la totalidad del FSR a elevar el aporte per cápita de las familias de
bajos ingresos y bajar el costo del PMO porque se le sacan las
prestaciones que no son médicas (servicios sociales de la discapacidad) y
prestaciones que deben ser financiadas colectivamente (muy alto costo). Elevando
el piso del aporte per cápita y bajando el costo del PMO es posible alcanzar la
consistencia financiera, esencial para que la libertad de opción entre obras
sociales y prepagas pueda operar.
El DNU es criticado porque
avanza sobre facultades del Congreso. Pero las evidencias muestran que, desde
la libre elección establecida a mediados de los ’90, el Congreso aprobó normas
que denotan desidia y oportunismo. La más común fue agregar prestaciones en el
PMO a cargo de las obras sociales sin considerar fuentes de financiamiento.
Esto contribuyó a degradar el sistema sanitario, con particular daño sobre las
familias de bajos ingresos. Mucho más conducente que criticar el DNU es
activar la autocrítica y promover las acciones complementarias que necesita el
decreto para mejorar la cobertura sanitaria. Especialmente la de la gente
en mayor situación de vulnerabilidad.
Román Reynoso 2023
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