Durante el gobierno de Alberto Fernández se creó el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con un sustancial aumento de
presupuesto. Las denuncias en su contra confirman una muy baja eficacia en la
gestión de estos fondos. Una muestra más de que hay que ordenar el Estado, en
lugar de seguir sumando burocracia.
La lucha contra la violencia de género está presente
de manera explícita en la agenda de políticas públicas de Argentina desde hace
más de 3 décadas. En 1992 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres en
el ámbito de la Presidencia de la Nación. En 2017 se transformó en el Instituto
Nacional de las Mujeres con autonomía financiera y presupuesto propio. En 2020
aumentó su jerarquía cuando se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad.
El contraste entre este proceso y el descubrimiento
–casual y tardío– de que quien promovió la creación de este Ministerio está
involucrado en actos de violencia contra su pareja provoca consternación e
indignación. El hecho es tan irónico como fácil de criticar. Mucho
menos frecuente y más complejo es abordar una autocrítica seria para dilucidar
las causas de tan baja eficacia de las políticas públicas destinadas a evitar
este tipo de delitos.
Un punto de partida relevante es cuantificar
el volumen de fondos públicos destinados a esta temática. Considerando solo
el nivel nacional, según datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de
Economía expresados a precios actuales, se observa que:
- Entre
el 2013 y el 2015, el presupuesto
ejecutado en el Consejo Nacional de las Mujeres fue de
unos $ 4 mil millones por año.
- Entre
el 2016 y el 2019, el Instituto
Nacional de las Mujeres gastó aproximadamente $ 9 mil
millones por año.
- Entre
el 2020 y el 2023, el presupuesto
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue
de $ 212 mil millones por año.
Estos datos muestran el constante y creciente
compromiso presupuestario que el Estado nacional tuvo con el objetivo de cuidar
a las mujeres. En la última década, diferentes gobiernos con diferentes
tendencias ideológicas asignaron cada vez más recursos a la causa de la mujer.
El apogeo se logra con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad y la multiplicación en 24 veces del presupuesto
respecto a lo que se venía erogando durante el gobierno previo de
Cambiemos. Las evidencias muestran que la lucha contra la violencia de
género no tuvo escasez de recursos públicos nacionales.
Como ocurre en el resto del sector público, el
principal problema no es la falta de recursos sino los déficits de gestión.
Una estrategia que se repite es que ante deficiencias de un organismo del
Estado, en lugar de resolver el problema, se crea otro organismo que asume
responsabilidades similares. Esto genera solapamientos que aumentan el gasto,
sin mejorar los resultados. En el caso de la lucha contra la violencia de
género, el Ministerio de las Mujeres se superpone con los Ministerios
provinciales de la Mujer y con las Secretarías municipales de la Mujer. Se
crean tres estructuras burocráticas que tratan de suplir las deficiencias del
Poder Judicial que es quien tiene la competencia y la responsabilidad de luchar
contra todos los delitos, incluyendo los de género. Si la Justicia fuera
empática con las víctimas no sería necesario montar estructuras burocráticas
paralelas.
Para ser más eficaz en la lucha contra la violencia de
género es imprescindible ordenar el Estado. A nivel nacional se debería
concentrar esfuerzos en gestionar y difundir las estadísticas de violencia de
género. Actualmente existe el Sistema Integrado de Casos de Violencia por
Motivos de Género, pero limitado a contar intervenciones de acompañamiento, sin
informar a la población sobre la cantidad de casos, sus características y la
eficacia de la intervención estatal. Un sistema estadístico integral permitiría
monitorear los resultados en la lucha contra la violencia de géneros obtenidos
en cada provincia, promover la rendición de cuentas y, lo más importante,
generar la presión social para que los responsables mejoren la gestión de los
recursos públicos asignados a esta finalidad.
Superponer organismos con iguales o similares
funciones, entre diferentes niveles de gobierno, es una práctica generalizada
en el sector público argentino. Es políticamente atractivo porque permite aparentar
compromiso con las demandas de la sociedad y sirve de excusa para nombrar
personal y generar otros tipos de contrataciones. Hasta que esta mala práctica
de gestión no se revierta no hay posibilidades de lograr equilibrio fiscal
sustentable con buena calidad de los servicios públicos.
Fuente: IDESA
