La reducción de derechos de
exportación implica un importante esfuerzo fiscal pero un tenue alivio para la
producción. Para ir más rápido hacia la eliminación de los impuestos que quitan
competitividad a la producción nacional se necesita un ordenamiento más
integral que involucre a los gobiernos provinciales.
Se dispuso una reducción
parcial a los derechos de exportación para la carne, maíz, sorgo, girasol, soja
y derivados de la soja. En el caso de la carne y el girasol la reducción es del
25% mientras que maíz, sorgo y soja y derivados es del 20%. El anuncio incluye
el compromiso de no retrotraer la medida y profundizarla, hasta la eliminación
total, cuando haya espacio fiscal.
Los derechos a la exportación
son un muy mal impuesto porque desalienta la producción. Por
ejemplo, a comienzo de siglo la Argentina tenía una producción de granos
similar a la de Brasil, mientras que en la actualidad es menos de la mitad. Una
de las principales explicaciones es que Brasil, al igual que la mayoría de los
países, no aplican impuestos sobre sus exportaciones agropecuarias. Pero el
problema no son solo las retenciones, sino que, junto con ellas, el
Estado apela a otros tributos distorsivos que también dañan la competitividad
de la producción nacional.
La presión tributaria
nacional, provincial y municipal alcanza a aproximadamente el 28% del
PBI. Dentro de ella, según el Ministerio de Economía para el 2024, se observa
que:
- El Estado nacional aplica
derechos de exportación por el 1,0% del PBI y el impuesto
al cheque por el 1,6% del PBI.
- Las provincias aplican el
impuesto sobre los Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos con los que
recaudan aproximadamente el 3,9% y 0,4% del
PBI, respectivamente.
- Los municipios aplican
tasas a las ventas con los que estarían recaudando no menos del 0,5% del
PBI.
Estos datos muestran que los
impuestos que más dañan la competitividad representan aproximadamente el 7,4% del
PBI, o sea, más de 1 de cada 4 pesos que recaudan los tres niveles del Estado.
En esta perspectiva, la reducción parcial de los derechos de exportación (que
equivaldría a 0,2% del PBI) es un alivio muy marginal para la producción. Pero
de gran esfuerzo fiscal para el Estado ya que representa dos tercios del
superávit financiero. Resulta muy contradictorio que un tenue alivio
para la producción y solo para el sector agroexportador sea un escollo tan
grande para las finanzas públicas nacionales.
Asumiendo que el equilibrio
fiscal es prioridad y también que es imprescindible eliminar impuestos que
quitan competitividad a la producción nacional se pone en evidencia que es
necesario buscar mejores alternativas. Es claro que con el “gradualismo tributario”
el camino es excesivamente largo, ya que demandará mucho tiempo ir bajando el
gasto público para, en función de ello, ir dando alivios a los sectores
productivos.
Una estrategia más integral
permitiría eliminar los malos impuestos, preservando el equilibrio fiscal, a
ritmos más acordes con lo que demanda la producción. Por
ejemplo, la baja en los derechos de exportación generará aumentos en la
recaudación de otros impuestos, como Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, Sellos y
tasas municipales. Esto va a compensar parcialmente las pérdidas de ingresos
del Estado nacional. Para las provincias y sus municipios implicará mayores
recursos por aumento en la coparticipación y recaudación de impuestos propios.
Por lo tanto, se debería haber acordado que estos ingresos adicionales
se destinen a reducir impuestos provinciales y municipales que dañan la
competitividad. La producción agropecuaria, no solo sufre pérdidas de
competitividad por derechos de exportación, sino también porque paga insumos
más caros debido a que en su precio están incluidos Ingresos Brutos, Impuesto
sobre los Sellos y tasas municipales.
Con una estrategia de ordenamiento integral del sistema tributario se puede ir mucho más rápido hacia el objetivo de eliminar impuestos distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. Para ello hay que ampliar el enfoque y, lo más desafiante, involucrar a los gobiernos provinciales. El ejemplo más ilustrativo es que, en base a un acuerdo de la Nación con un grupo mayoritario de provincias, se podría eliminar (no solo reducir) Ingresos Brutos y tasas municipales sobre las ventas creando el Super-IVA.
FUENTE: IDESA
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