La Legislatura bonaerense ha
dado un paso decisivo para abordar la crisis de aprendizaje, sancionando este
jueves una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas
primarias. La normativa, que obtuvo media sanción del Senado y fue
finalmente aprobada por la Cámara de Diputados, busca esencialmente promover
hábitos saludables y el uso responsable de la tecnología entre los
estudiantes más jóvenes.
La medida surge como una
respuesta directa a un fenómeno ampliamente identificado por padres y docentes:
la utilización de dispositivos digitales está fragmentando la atención,
reduciendo la capacidad de concentración y dificultando la adquisición de
conocimientos esenciales.
El espíritu de la norma:
Detener la crisis de concentración
La iniciativa fue impulsada
por los senadores Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y Lorena Mandagarán
(GEN). El objetivo primordial es mitigar las consecuencias negativas del uso de
pantallas, que, según argumentaron los legisladores, impactan de forma negativa
en el aprendizaje, el bienestar y las relaciones sociales de los
estudiantes.
El proyecto, cuyo espíritu es
protector y pedagógico, impedirá el uso de pantallas durante el tiempo
que los alumnos se encuentren en establecimientos educativos, tanto públicos
como privados, a menos que su utilización sea requerida por el personal
docente.
Este contexto crítico está
marcado por datos alarmantes de las últimas pruebas Aprender, que mostraron que
el 46% de los alumnos de tercer grado del nivel primario no alcanza los
niveles mínimos de lectura. Los legisladores recalcaron que, en la
provincia, “solo uno de cada dos estudiantes termina tercer grado comprendiendo
lo que lee”.
Las consecuencias del uso excesivo
Para justificar la
prohibición, los senadores citaron relevamientos de UNICEF y UNESCO, que
evidencian un “uso excesivo de los dispositivos electrónicos” por parte
de los estudiantes bonaerenses. Además, hicieron referencia al Informe Global
de Monitoreo de la Educación de la UNESCO de 2023, que advirtió sobre los
riesgos del uso desmedido de celulares, tablets y computadoras en el
avance del proceso educativo.
Entre las consecuencias
negativas específicas del uso de dispositivos en edades tempranas se
detallaron:
- Dificultad en el aprendizaje profundo:
La multitarea fomentada por los celulares impide que el aprendizaje sea
significativo.
- Problemas de salud mental y adicciones:
El uso sin restricciones “puede derivar en ludopatías y problemas
vinculados a la salud mental”.
- Aislamiento social: El
juego en línea reemplaza la interacción, el juego imaginativo y compartido
entre pares, reforzando el aislamiento social y provocando alienación.
- Comportamiento:
Puede inducir a conductas impulsivas y agresivas, y la conducta
adictiva puede inhibir el desarrollo de pautas sociales constructivas.
- Problemas físicos:
Se enumeraron consecuencias directas como problemas auditivos,
oculares, de postura, tensión muscular, nerviosismo, angustia, estrés,
sedentarismo, y obesidad.
Implementación y Precedentes
La Provincia de Buenos Aires
se suma a restricciones similares ya implementadas en la Ciudad de Buenos Aires
—donde el Ministerio de Educación porteño tomó la decisión en agosto pasado—, y
en países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China. En
la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades educativas ya notaron cambios
destacables en el comportamiento de los alumnos, incluyendo una mejoría
en la atención en clase y la interacción social en los recreos.
Es fundamental notar que la
prohibición no implica que las tecnologías no se incorporen en las escuelas.
El proyecto busca asegurar que los docentes cuenten con herramientas y
conocimientos para “integrar las tecnologías digitales al aula de manera
sólida y segura”, evitando que su utilización “reemplace actividades
esenciales del mundo real”.
La norma fue convertida en Ley este jueves. De acuerdo con el texto sancionado, el Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentarla en un plazo de 180 días contados desde la fecha de su promulgación. Si bien no existe una fecha definitiva establecida para su aplicación, fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación (encargada de su aplicación) informaron a Mundo Norte que, tras el análisis del alcance de la normativa, se especula que la aplicación obligatoria podría ser recién en 2026.
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