Por Román Reynoso para Mundo
Norte
En medio de la tensión con la
CGT, catedráticos de la Universidad Austral desmenuzan la "letra
chica" del proyecto oficial. Advierten que la iniciativa combina una
necesaria modernización con "inconsistencias graves", costos ocultos
para las Pymes y la derogación del Estatuto del Periodista.
Buenos Aires, 21 de diciembre. La
discusión por la reforma laboral ha tomado la calle y los despachos, pero a
menudo el griterío político tapa el análisis técnico. Mientras la Confederación
General del Trabajo (CGT) mide fuerzas con el Ejecutivo en una pulseada que
promete ser larga, especialistas en Derecho Laboral de la Universidad Austral
pusieron el proyecto bajo el microscopio. El diagnóstico es agridulce: si bien
se reconoce la urgencia de actualizar una Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que
ya tiene medio siglo, los expertos Alejandro González Rossi y Gonzalo
Ruiz Díaz advierten sobre vacíos legales que podrían terminar encareciendo
la contratación y desprotegiendo al trabajador sin resolver el problema de
fondo: la industria del juicio y el empleo en negro.
Entre la modernización y el
"modelo importado"
El argumento oficial es
conocido: la legislación actual responde a un modelo industrial de grandes
fábricas que ya no existe. "Hoy se produce más en red, con empresas chicas
y especializadas", señalan los académicos. El joven que busca su primer
empleo no piensa en jubilarse en la misma compañía. En este sentido, la reforma
al artículo 245, que busca dar certeza sobre el costo de salida
(indemnización), es vista como un avance para la seguridad jurídica del
empresario.
Sin embargo, los especialistas
de la Universidad Austral encienden una luz de alarma sobre la filosofía detrás
del texto. "No es innovador en su esencia, reproduce modelos de
flexibilización extrema", sentencian. El proyecto parece mirar al norte,
intentando emular el dinamismo del mercado estadounidense, pero ignorando que
en Argentina no existen las redes de contención de aquel país, como fondos de
desempleo robustos o una situación de pleno empleo. "Si el norte es
Estados Unidos, hay que señalar que allá hay factores que acá no se reproducen",
explican, desmontando la viabilidad de importar recetas sin adaptarlas a la
realidad criolla.
La contradicción de los costos
y la litigiosidad
Uno de los puntos más
controversiales que revela el análisis es una contradicción económica
flagrante. Mientras se promete bajar el "costo argentino", la
creación de un nuevo fondo de cese podría imponer al empleador un costo mensual
acumulado de hasta el 11% por cada nueva contratación. "Esto
contradice el objetivo declarado de clarificar y reducir la carga",
apuntan los letrados.
Además, la reforma mete el
dedo en la llaga de los juicios laborales. Al intentar fijar intereses bajos
para las indemnizaciones en un país con inflación estructural, se corre el
riesgo de incentivar a las empresas a "bicicletear" los pagos, licuando
la deuda con el tiempo. Lejos de agilizar, esto podría alargar los litigios,
perjudicando tanto al trabajador, que ve su crédito alimentario desvanecerse,
como a la seguridad jurídica.
El "Unicato" no se
toca y el fin de los estatutos
Quizás lo más llamativo para
el análisis político es lo que la reforma no toca. El modelo de unicato
sindical —la columna vertebral del poder gremial en Argentina— queda
intacto. "Una reforma que no aborda esta arquitectura no resolverá los
problemas de representatividad", aseguran los expertos, señalando que las
Pymes y millones de trabajadores siguen atados a estructuras con las que tienen
poca o nula identificación.
Párrafo aparte merece la derogación
de estatutos especiales, un golpe directo a sectores específicos. El
proyecto elimina la Ley 12.908 (Estatuto del Periodista) y la 14.546
(Viajantes de Comercio). Esto deja en un limbo legal a miles de profesionales
de prensa y ventas, sin aclarar si serán absorbidos por la ley común o si
perderán derechos adquiridos por la especificidad de su tarea.
Hay que estar alertas, el análisis de la Universidad Austral sugiere que estamos ante una oportunidad que podría perderse por falta de calibración técnica: una reforma que busca modernizar pero que, por sus "vacíos estructurales", podría terminar judicializando aún más el mercado laboral argentino.
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