El debate sobre la reforma
fiscal en Argentina suele estancarse en una única pregunta: ¿cuándo van a
bajar los impuestos? Sin embargo, un análisis reciente del Instituto para el
Desarrollo Social Argentino (IDESA) corre el foco del problema y advierte que,
antes de discutir cuánto pagamos, debemos resolver un caos mucho más profundo:
la pésima calidad de nuestros impuestos y la ineficiencia crónica del gasto
público.
El problema, según IDESA, no
es solo la presión tributaria total (similar a la de Uruguay, pero menor que la
de Brasil), sino la superposición de tributos distorsivos –como Ingresos Brutos
y tasas municipales– y, sobre todo, la falta de corresponsabilidad fiscal.
Los números de 2024 son un
escándalo en sí mismos: la Nación recauda el 83% del total de impuestos,
pero ejecuta solo el 52% del gasto. Mientras tanto, las Provincias
recaudan apenas el 17%, pero manejan casi la mitad del gasto público total
(48%).
¿Cómo se financia esa brecha?
Con la coparticipación y las transferencias discrecionales. En la práctica,
esto genera un "federalismo" al revés: las provincias gastan fondos
que no recaudan, lo que las incentiva a gastar mal, evitar el costo político de
cobrar impuestos y, finalmente, "mendigar" fondos a la Nación,
culpándola de todos sus males.
La Solución: Un
"Súper-IVA" para eliminar la Coparticipación
Lejos de proponer otro
"pacto fiscal" destinado al fracaso –esos acuerdos que, según IDESA,
fallan por "error de diseño" y no por falta de voluntad política–, la
propuesta es un cambio de raíz.
La idea central es que el IVA
absorba los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y las tasas municipales.
Este nuevo "Súper-IVA" se asignaría en un 100% a las
provincias, mientras que la Nación se financiaría con el impuesto a las
Ganancias.
Este rediseño permitiría
eliminar la coparticipación y lograr una plena correspondencia fiscal: quien
gasta, recauda.
Para las provincias del norte,
que dependen más de la coparticipación actual, se prevé un fondo de nivelación
que garantice sus ingresos.
Este nuevo "Acuerdo de Coordinación Fiscal" no requeriría la unanimidad de las provincias, sino una mayoría dispuesta a avanzar. El objetivo final es claro: cortar de raíz las transferencias discrecionales y obligar a cada jurisdicción a ser responsable de sus propias finanzas. Es, en esencia, la única salida para mejorar la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben a cambio de sus impuestos.
FUENTE: IDESA
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