El mercado laboral argentino
está roto. Esta no es una hipérbole, es una radiografía urgente: más de la
mitad de los trabajadores (52%) sobrevive en la informalidad o en un
cuentapropismo de baja productividad, ganando, en promedio, la mitad que un
empleado formal.
Mientras tanto, solo el 31% de
la fuerza laboral goza de un empleo privado registrado. El resto, un 17%, se
refugia en un sector público a menudo usado como red de contención.
Lo más alarmante es que esta
fragilidad es estructural. El análisis de las últimas dos décadas es lapidario:
ni siquiera los años de fuerte crecimiento económico lograron revertir la
informalidad. El crecimiento, por sí solo, no alcanza. Argentina necesita
reformas profundas, y la Reforma Laboral vuelve a escena como una pieza
clave, aunque no la única.
¿Pero por qué es tan difícil
contratar formalmente en el país? El análisis identifica tres cepos que
asfixian la creación de empleo de calidad.
1. El "Impuesto al
Empleo": Un Costo Insostenible
Contratar en Argentina es
caro, pero no por el salario de bolsillo. El "costo no salarial"
(aportes y contribuciones) alcanza un demoledor 34,6% del salario, el
valor más alto de toda América Latina, muy por encima del promedio regional
(21,7%).
En la práctica, estas cargas
funcionan como un impuesto que castiga el empleo formal. Las pymes y los
sectores de baja productividad no pueden absorberlo y son empujados
directamente a la informalidad.
2. Convenios
"Vintage": Atados al Siglo Pasado
El segundo gran obstáculo es
la rigidez. La mayoría de los convenios colectivos son centralizados y
uniformes: tratan igual a una multinacional en la capital que a una pyme en el
interior.
Peor aún, muchos acuerdos
firmados hace décadas siguen vigentes por la regla de
"ultraactividad". Se actualizan salarios, pero no las cláusulas
obsoletas que impiden la adaptación a nuevas tecnologías o formas de trabajo,
encorsetando la dinámica laboral.
3. La "Industria del
Juicio": El Riesgo de Despedir
El régimen de despidos combina
costos altos con una incertidumbre total. Aunque la Ley Bases (27.742)
eliminó algunas multas por empleo no registrado, la "industria del
juicio" sigue activa. Ahora, muchos reclamos se canalizan como "daño
moral", una figura legal que deja la decisión final en manos de
justicias provinciales sin criterios unificados.
Para una pyme, esta
"lotería judicial" convierte cada desvinculación en un riesgo
desproporcionado que paraliza cualquier intención de contratación.
La Reforma del Gobierno: ¿Un
Parche o una Solución Real?
El gobierno avanzó con la Ley
Bases, pero el análisis del borrador y las medidas implementadas revela una reforma
"a medias", que no ataca el núcleo del problema.
- Costos (Lo que falta): Se
implementaron alivios transitorios (como condonación de deudas), pero no
se redujo el costo laboral hacia adelante. La propuesta no incluyó un
mínimo no imponible para las contribuciones, una medida clave para aliviar
a las pymes e incentivar la contratación formal de sueldos bajos.
- Convenios (Poca descentralización):
Aunque se permite que convenios de empresa primen sobre los sectoriales,
el poder real (la lapicera) sigue en manos de las cúpulas
sindicales. No se habilitó a las microempresas o pymes a negociar sus
propias condiciones por fuera de las estructuras tradicionales.
- Litigiosidad (Riesgo latente):
Se eliminaron multas, pero el problema de fondo persiste. La falta de
previsibilidad con el "daño moral" y la disparidad de criterios
judiciales mantienen vivo el fantasma de la litigiosidad.
En conclusión, la Ley Bases es un primer paso necesario para sincerar el debate, pero se queda corta. Sin una reducción estructural del costo no salarial y una modernización real de los convenios que empodere a las pymes, la llave para destrabar el empleo de calidad en Argentina seguirá girando en falso.
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