Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
Un reciente informe del Instituto
para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), basado en datos de la Secretaría
de Trabajo correspondientes a 2025, revela una situación crítica para el sector
privado: el 58% de las empresas registraron la ausencia de al menos un
trabajador al mes. Este fenómeno no solo afecta la organización interna, sino
que genera costos improductivos que erosionan la competitividad, especialmente
en las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el relevamiento,
las enfermedades no laborales representan la causa principal del ausentismo,
explicando el 49% de los casos. Le siguen las faltas sin aviso con un 20% y
otros motivos diversos con el 31% restante. En términos económicos, se estima
que el costo del ausentismo para las empresas equivale al 2,8% de las jornadas
pagadas, una cifra que impacta directamente en la estructura de costos en un
contexto económico complejo.
El informe de IDESA pone el foco
en la obsolescencia de la Ley de Contrato de Trabajo, calificándola de
"rústica". Según la entidad, el marco normativo actual fomenta el
"ausentismo espurio" en patologías leves debido a la dificultad de
control, mientras que desprotege a quienes padecen enfermedades crónicas o de
larga duración. Al recaer toda la carga económica sobre el empleador, muchas
veces se opta por la extinción del vínculo laboral ante tratamientos
prolongados.
La discusión se traslada ahora al
ámbito legislativo. Tras una reforma aprobada en el Senado que IDESA tilda de
"polémica y deficiente" por introducir criterios de difícil
aplicación —como diferenciar si la enfermedad fue producto de una actividad
voluntaria o consciente del riesgo—, los expertos sugieren mirar hacia modelos
internacionales.
El ejemplo de Uruguay surge como una alternativa viable: allí, los primeros tres días de ausencia no son remunerados por el empleador, y a partir del cuarto día, la seguridad social asume el pago del 70% del salario por hasta dos años. Este esquema busca socializar los costos, desalentar los abusos en licencias cortas y garantizar una cobertura real para las enfermedades graves. La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de enmendar el proyecto para avanzar hacia una modernización laboral que equilibre la protección del trabajador con la viabilidad de las empresas.
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