Por Román Reynoso
En un contexto de fuerte ajuste
fiscal bajo la premisa de "no hay plata", la diputada nacional Roxana
Monzón presentó un duro pedido de informes para que el Poder Ejecutivo
nacional rinda cuentas sobre una millonaria contratación directa de la
Cancillería. El eje de la polémica es la adjudicación de $114.044.133 a
la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para cursos de idioma
destinados al personal diplomático.
La controversia no es solo por el
monto —imputado al ejercicio presupuestario 2026— sino por el evidente
conflicto de intereses: la AACI es dirigida por María Josefina Rouillet,
esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico
Sturzenegger.
Los puntos oscuros de la
contratación
El proyecto de resolución, al que
tuvo acceso Mundo Norte, exige que el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto detalle:
- La excepcionalidad del trámite: Se
utilizó la modalidad de "Adjudicación Simple por Especialidad",
argumentando que la AACI es el "único prestador" capaz de
garantizar la continuidad de un plan iniciado en 2018. La oposición
cuestiona esta exclusividad ante la amplia oferta de institutos de inglés
en el mercado.
- El vínculo familiar: El
propio acto administrativo reconoce un "vínculo positivo" entre
la directora de la asociación y el ministro Sturzenegger. Aunque el
Gobierno afirma que se activaron protocolos de integridad con la
intervención de la SIGEN y la Oficina Anticorrupción, la denuncia penal
presentada por abogados de "Reset Republicano" señala una
presunta falta de transparencia en la publicación de estos informes.
- Contraste presupuestario:
Mientras se recortan fondos para el Hospital Garrahan y las universidades
nacionales, el Estado desembolsará más de 114 millones de pesos en esta
capacitación, que incluye cursos regulares para 110 participantes y
talleres para el ISEN.
Una lupa sobre la transparencia
La diputada Monzón subraya que la
transparencia y la racionalidad del gasto no deben ser "consignas
declarativas", sino obligaciones constitucionales. El pedido de informes
busca determinar si se realizaron estudios comparativos de mercado o relevamientos
de ofertas alternativas antes de beneficiar a la entidad vinculada al entorno
directo de uno de los ministros más influyentes del gabinete de Javier Milei.
Por estas horas, la Justicia Federal debe decidir si abre una investigación formal por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
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