Por Román Reynoso para Mundo
Norte
La caída de la empresa Microómnibus General San Martín (MOGSM), responsable de las emblemáticas líneas 707, 407, 333 y 437, marca un punto de inflexión trágico para el transporte público en la zona norte. Lo que comenzó como un conflicto salarial el pasado 10 de abril escaló en las últimas horas hasta la presentación de la quiebra y el secuestro judicial del 40% de su flota.
En este análisis exhaustivo,
desglosamos las responsabilidades de una crisis que deja a 427 familias en la
calle y a miles de usuarios a la deriva.
El detonante judicial y el
"desequilibrio financiero"
El pasado 13 de abril, la empresa
convocó a una Asamblea General Extraordinaria en su sede de Boulogne
para tratar un "desequilibrio económico y financiero" terminal. La
situación se volvió irreversible este 28 de abril, cuando trascendió la
presentación formal de la quiebra. Actualmente, la justicia ha avanzado con el
embargo y retiro de unidades debido a deudas acumuladas, dejando a las líneas
municipales de San Isidro virtualmente desmanteladas.
Responsabilidades en tres
niveles: un fracaso compartido
Para entender cómo una empresa
con décadas de trayectoria llega al abismo, es necesario analizar la cadena de
responsabilidades políticas:
1. Gobierno nacional: la
asfixia de los subsidios
El Ministerio de Economía y la
Secretaría de Transporte de la Nación han mantenido una política de fuerte
ajuste sobre el Fondo Compensador. El retraso en la actualización de los
costos operativos (combustible, repuestos y paritarias de la UTA) frente a una
inflación que no da tregua, generó un bache financiero que MOGSM no pudo
cubrir. La falta de un flujo de fondos previsible desde Nación es el primer
eslabón de esta caída.
2. Gobierno provincial: el
vacío regulatorio y de fondos
La gestión de Axel Kicillof
tiene jurisdicción directa sobre las líneas provinciales de la empresa (407 y
437). El retraso en el traspaso de partidas y la falta de una mesa de
contingencia ante el colapso inminente de las prestatarias en el AMBA agravó el
cuadro. Provincia ha fallado en garantizar la continuidad del servicio en
recorridos que unen San Martín, San Isidro, Vicente López y Escobar,
dejando el conflicto librado a la inercia judicial.
3. Gobierno municipal: la
falta de previsión de Ramón Lanús
La responsabilidad más directa
sobre las líneas 707 y 333 recae sobre la administración local. El
intendente de San Isidro, Ramón Lanús, ha sido señalado por una
respuesta tardía. Si bien el municipio no paga los sueldos, es el órgano
concedente del servicio.
- Omisión de alerta: La gestión municipal
ignoró las señales de alerta roja emitidas por los trabajadores meses
atrás.
- Falta de Plan B: Ante la quiebra consumada, el municipio no ha presentado aún un esquema de emergencia o una licitación precaria para que otras empresas cubran los recorridos de Villa Adelina, Boulogne y el Bajo, zonas que hoy están prácticamente incomunicadas.
Un impacto social profundo
Detrás de los números fríos de la
quiebra, hay 427 trabajadores que adeudan sueldos de marzo, viáticos y
aumentos no liquidados. Para el vecino de San Isidro, la desaparición de la
"azul" (como se conoce históricamente a la 707) no es solo un
problema logístico, es la pérdida de la conectividad interna de un distrito que
ahora queda partido al medio.
La justicia deberá determinar ahora si hubo vaciamiento o si la empresa fue simplemente víctima de una macroeconomía que borró del mapa a las pymes del transporte. Mientras tanto, el silencio en los galpones de Boulogne es la imagen más fiel de un sistema que colapsó.
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