Hace 135 años, el 26 de junio de
1891, un grupo de dirigentes encabezado por Leandro Alem rompió con el
acuerdismo de Bartolomé Mitre y fundó la Unión Cívica Radical. La frase que
Alem dejó como legado —"soy radical en contra del acuerdo, soy radical
intransigente"— no fue un eslogan de campaña. Fue una ruptura con
costos reales: dos revoluciones fracasadas, un partido casi disuelto para 1897,
y la propia muerte de Alem en 1896, incapaz de tolerar que sus correligionarios
negociaran lo que él consideraba innegociable.
De esa intransigencia salió todo lo
demás. Las insurrecciones radicales de 1893 y 1905 no ganaron elecciones, pero
corroyeron la legitimidad del régimen oligárquico hasta forzar la Ley Sáenz
Peña de 1912: voto secreto, universal y obligatorio. Cuatro años después, en
1916, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el primer presidente elegido bajo ese
sistema. No fue un regalo. Fue la consecuencia de 25 años de no doblarse.
En 1918, bajo su gobierno, la
Reforma Universitaria de Córdoba estableció la autonomía universitaria y el
cogobierno tripartito, un modelo que después se replicó en buena parte de
América Latina. Esa reforma, junto con la apertura de la universidad a sectores
medios que antes no tenían acceso real a ella, es la base de lo que hoy
defendemos cuando hablamos de educación pública, gratuita y de calidad: no es
una bandera abstracta, nació con nombre y apellido en el radicalismo.
Illia, más adelante, dejó una marca
distinta: la de un presidente que gobernó con una austeridad casi incómoda para
sus propios funcionarios, en un país que ya empezaba a acostumbrarse a otra
cosa. Y después de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, llegó
Alfonsín, que restituyó la libertad de prensa y de expresión que el terrorismo
de Estado había arrasado.
No hace falta inflar su figura:
alcanza con los hechos. En 1985 llevó a juicio a las cúpulas militares
responsables de la desaparición de 30.000 personas, algo que ningún otro país
de la región hizo en ese momento con esa rapidez. En 1989, en medio de una
hiperinflación que devoraba el salario de cualquier trabajador, entregó el
gobierno seis meses antes de lo que la Constitución le exigía, para garantizar
que la transición democrática no se rompiera. Esa decisión, tomada bajo presión
y sin garantías, es la prueba más concreta de lo que significa "democracia
para siempre": no es una frase de cierre de acto, es priorizar la
continuidad institucional por encima del propio mandato.
Dicho esto, vuelvo al problema de
hoy. Tenemos en el Congreso a dirigentes que llegaron con la boleta radical,
que juraron defender ese centenario sello, y que hoy se pliegan al color
violeta o amarillo, a cambio de un cargo, una comisión o una promesa de
gobernabilidad. No hablo de matices ideológicos legítimos: el radicalismo
siempre tuvo internas, desde personalistas y antipersonalistas hasta
intransigentes y "radicales del pueblo". Hablo de algo más simple y
grave: gente que ocupa una banca que no le pertenece a ella, sino a las
ideas por las que fue votada, y que la vacía de contenido apenas el poder de
turno les ofrece algo a cambio.
Alem decía que el radicalismo era
"la causa de los desposeídos". Eso no es una frase de archivo: es un
estándar de medición. Cada vez que un legislador radical vota en contra de la
educación pública, del comerciante chico, del profesional que no tiene lobby,
del trabajador que no tiene quién lo defienda, está incumpliendo ese estándar.
No hay forma elegante de decirlo.
Pero el radicalismo no se agota en
los que se acomodan. A 135 años de aquella ruptura, todavía hay hombres y
mujeres en los comités, en las convenciones provinciales, en los municipios, en sus hogares, que no cambiaron de color por una banca o beneficio personal. Esa es la reserva
moral del partido más antiguo —y en su momento, el más moderno— de América
Latina.
Alfonsín repetía el axioma que Alem
dejó como legado, y que hoy hay que volver a gritar sin vergüenza: que se
rompa, y no se doble.
Román Reynoso, Convencional Provincial UCR Buenos Aires
