Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
El Parlamento Europeo rechazó la
propuesta regulatoria que pretendía catalogar a la soja dentro de las materias
primas con "alto riesgo" de cambio indirecto del uso del suelo
(ILUC). La decisión desactiva una amenaza directa sobre las exportaciones de
biodiésel argentino, estimadas en 390 millones de dólares anuales, y genera un
fuerte alivio en los complejos agroindustriales de Santa Fe y Córdoba.
De haber prosperado la iniciativa
de la Comisión Europea, el combustible biológico fabricado en el país habría
quedado excluido de los objetivos de energías renovables del bloque
continental, cerrando un mercado estratégico. La contraofensiva local, articulada
entre las provincias de la Región Centro, el Gobierno nacional y la Cámara de
la Industria Aceitera (Ciara-CEC), se apoyó en informes técnicos que
demostraron que la oleaginosa argentina no avanza sobre bosques nativos y que
su procesamiento reduce un 70% las emisiones en comparación con el gasoil
fósil.
El freno a la normativa de Bruselas no solo consolida las ventas externas de un sector donde Santa Fe concentra el 80% de la capacidad instalada, sino que reaviva la presión política en el plano interno. Las administraciones de Maximiliano Pullaro y del gobierno cordobés capitalizaron el resultado internacional para exigirle al Congreso de la Nación una nueva Ley de Biocombustibles. El reclamo apunta a elevar el corte obligatorio interno de biodiésel al 15% inmediato, con proyección al 20%, bajo el argumento de que el desarrollo de la industria permitiría sustituir parte de los 1.500 millones de litros de gasoil que Argentina importa cada año.
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