La clienta descubrió los gastos
en su homebanking y sus reclamos fueron rechazados en varias oportunidades de
forma sistemática. El organismo de control de San Isidro castigó la falta de
respuestas y el "faltazo" a las audiencias de conciliación, en un
fallo ratificado por el tribunal contencioso administrativo.
Una vecina de Martínez ganó una
batalla judicial clave contra un importante banco que le exigía pagar más de 7
millones de pesos por consumos que nunca realizó. La Justicia en lo Contencioso
Administrativo confirmó una fuerte multa contra la compañía por vulnerar los
derechos de su clienta y por faltar a las audiencias de conciliación convocadas
por el Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro.
El calvario de la damnificada
comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando ingresó a su homebanking y descubrió el
millonario fraude en el resumen de su tarjeta de crédito. En total, los
estafadores habían gastado $7.116.189. De inmediato, la mujer radicó el desconocimiento
de las operaciones ante la entidad emisora, pero recibió constantes respuestas
negativas y rechazos a sus reclamos de forma sistemática.
En un confuso episodio que dejó
en evidencia la falta de respuestas institucionales, la empresa procedió meses
después a acreditarle únicamente dos de los consumos desconocidos (por un valor
de $62.400 y $480.000), pero continuó exigiéndole el cobro del resto de la
abultada deuda sin darle ningún tipo de explicación ni justificativo técnico.
Ante el desamparo y la falta de
soluciones, la vecina radicó la denuncia formal que dio inicio al expediente
ante la Dirección General de Defensa del Consumidor a mediados de octubre de
ese mismo año. Sin embargo, el banco adoptó una postura de total desinterés
durante el proceso: de las cuatro audiencias oficiales fijadas para intentar
llegar a un acuerdo, no se presentó a dos de ellas, a pesar de estar
debidamente notificado en tiempo y forma.
Tras concluir la etapa de
investigación sumarial, el organismo de control determinó de manera tajante la
responsabilidad de la empresa y le aplicó una doble penalidad económica que, en
conjunto, roza los 9 millones de pesos. Desde la Dirección General de Defensa
del Consumidor fundamentaron la sanción al advertir que la firma "no
brindó a la denunciante información clara, inequívoca y suficiente respecto a
las transacciones desconocidas", lo que motivó una multa de $7.396.800. A
esto se le sumó otro castigo de $1.541.000 por "no haber comparecido a dos
de las cuatro audiencias designadas", una conducta que obstaculizó la
resolución pacífica del conflicto.
Luego de conocerse el fallo de la
Cámara que ratificó la penalidad, desde el organismo de control municipal
emitieron una fuerte advertencia dirigida a todo el sector financiero:
"Las entidades bancarias y de crédito tienen la obligación legal y profesional
de garantizar la seguridad de sus plataformas; no pueden trasladar el riesgo
tecnológico ni la carga de la prueba a los usuarios".
Asimismo, los funcionarios
públicos se mostraron inflexibles ante el comportamiento corporativo durante el
reclamo: "El 'faltazo' sistemático a las citas del Estado no es gratuito.
Vamos a seguir sancionando con la máxima rigurosidad a las corporaciones que
pretendan vaciar de contenido las instancias de conciliación obligatoria
despreciando el tiempo de los ciudadanos".
A pesar de que el banco intentó apelar la resolución administrativa para evitar el desembolso, la Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó de manera definitiva la resolución de Defensa del Consumidor. El tribunal rechazó de cuajo los argumentos de la compañía y la obligó a abonar el total de las multas aplicadas, las cuales deberán ser liquidadas con los montos completamente actualizados al día de la fecha.
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