Por Román Reynoso para Mundo Norte
El debate sobre los salarios y la registración laboral sumó un nuevo foco de tensión tras trascender la intención oficial de establecer un piso mínimo de convenio colectivo en torno a $1.070.000. Aunque la cifra se ubica muy por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil y por debajo del promedio de las categorías iniciales de convenio ($1.250.000 según la Secretaría de Trabajo), un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte que la medida resulta inocua para las grandes corporaciones y letal para las microempresas, donde se concentra el núcleo duro del trabajo en negro.
El mercado de trabajo argentino exhibe un deterioro persistente y una marcada fragmentación. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado registrado en el sector privado cayó un 4,4%, lo que representó la pérdida neta de 280.000 puestos formales, acompañada por un retroceso del 3,6% en el salario real de quienes conservaron su ocupación. La desocupación abierta no escaló en la misma proporción únicamente por la absorción del cuentapropismo y el empleo no registrado.
La brecha de ingresos según el tamaño de empresa
La radiografía salarial elaborada por IDESA sobre la base de registros del INDEC y de la Secretaría de Trabajo expone tres realidades divergentes:
• Sector privado formal: el salario promedio se ubica en $2.121.000.
• Sector privado no registrado: el ingreso promedio desciende a $821.000.
• Microempresas informales (hasta 10 empleados): la remuneración promedio cae a $702.000.
En las unidades productivas de menor escala trabaja el 78% de los asalariados informales del país. En este segmento, los ingresos reales triplican la distancia frente a un sueldo registrado promedio. La informalidad no responde únicamente a decisiones especulativas, sino a niveles de productividad que imposibilitan costear las escalas fijadas de manera centralizada.
Descentralización y alivio fiscal para frenar el empleo no registrado
Fijar umbrales homogéneos por rama de actividad para todo el territorio nacional ignora las disparidades operativas de las pymes frente a las grandes firmas. Según concluye el análisis técnico, imponer condiciones estándar empuja directamente al incumplimiento normativo y a la precarización.
Para corregir este desequilibrio, IDESA plantea profundizar la descentralización de las negociaciones colectivas:
1. Convenios por empresa: permitir que las pymes puedan acordar pautas salariales y condiciones directamente con su personal, desenganchándose de los convenios sectoriales que negocian las cúpulas gremiales y las grandes cámaras.
2. Excepción para microemprendimientos: liberar del régimen de convenio de actividad a las unidades de hasta 10 trabajadores.
3. Mínimo no imponible patronal: aplicar una franquicia sobre la masa salarial para el pago de cargas sociales, lo que reduciría el costo laboral de las firmas chicas con un impacto fiscal acotado.
Sin esquemas de negociación adaptados a la productividad real de cada escala de negocio, las regulaciones rígidas terminan consolidando la barrera de entrada que margina a cuatro de cada diez trabajadores del sistema formal.
