Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El Poder Ejecutivo formalizó este
lunes la puesta en marcha operativa del nuevo Régimen Penal Juvenil. A través
del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó
la Ley 27.801 sancionada a fines de febrero por el Congreso, que fija la
responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años y hasta
cumplir los 18 al momento de cometer un delito.
La reglamentación sitúa al
Ministerio de Justicia como la autoridad de aplicación en los fueros federal y
nacional ordinario, y delimita cómo deberán intervenir los jueces, los equipos
interdisciplinarios y las provincias para ejecutar las medidas socioeducativas
y punitivas.
Claves y alcances del nuevo
esquema judicial
- Límite temporal y penas máximas: la edad del
imputado se computa de manera estricta al momento del hecho. La norma
prohíbe de forma expresa las penas de reclusión perpetua y prisión
perpetua, estableciendo un tope de 15 años de encierro para los delitos
más graves.
- Gradualidad de las sanciones: el régimen
prioriza medidas no privativas de la libertad antes de llegar al
encarcelamiento. Entre las alternativas operativas figuran la amonestación
judicial, restricciones de acercamiento y circulación, reparación
económica o comunitaria del daño y monitoreo electrónico.
- Supervisores especializados: se crea el
Registro de Supervisores dentro del ámbito del Ministerio de Justicia.
Serán profesionales de la psicología, el trabajo social, la pedagogía o
especialistas en adicciones, con al menos dos años de ejercicio y sin
antecedentes penales. Deberán mantener entrevistas semanales obligatorias
con el menor e informar mes a mes su evolución al magistrado
interviniente.
- Registro reservado de condenas: las
sentencias firmes se asentarán en una sección especial y confidencial
dentro del Registro Nacional de Reincidencia, resguardando la identidad
del menor ante accesos no autorizados.
- Atención y patrocinio para víctimas: el
Estado garantizará patrocinio jurídico gratuito a través de convenios con
la Defensoría General de la Nación, sumado al acompañamiento psicológico y
social durante el proceso.
El decreto también dispone la creación de un Comité Interministerial —con participación de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud— y una Mesa Federal destinada a coordinar criterios procesales con los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán adaptar sus propias estructuras de supervisión en los próximos 180 días.
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