El magistrado
había sobreseído a ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados con
el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en 2007. También fue
denunciado ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la
Nación.
El juez federal Norberto Oyarbide fue apartado de la causa de la “mafia de los medicamentos” en la que sobreseyó a ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.
Además, el magistrado fue denunciado ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La Sala Dos de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide por no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal de alzada, para, en vez de ello, resolver a favor de los acusados.
Entre los beneficiados por el juez estuvieron Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, titular de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador kirchnerista; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.
Ahora la Sala Dos revocó esos sobreseimientos y declaró la “inexistencia” del fallo.
Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.
El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación.
La investigación de la llamada "mafia de los medicamentos" comenzó a partir del "triple crimen de General Rodríguez", como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Las pesquisas terminaron por involucrar a numerosas personas, entre ellos Capaccioli y Zanola.
En ese tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron.
Brito, ex propietario de la empresa de auditoria médica, "Global Farmacy Service S.A.", figura como aportante de 310 mil pesos –en cuatro cheques – a la campaña de Cristina Kirchner.
