¡Mauricio, teléfono!

genia Vidal en La Plata, encuentran una nueva deuda impaga, amén de regimientos de ñoquis. Así las cosas, Macri no tendrá otra alternativa que plantearnos la necesidad de un fuerte esfuerzo para sacar al país adelante.

Para lograrlo, el Presidente está obligado a decir la verdad, por muy dolorosa que ésta resulte a una sociedad tan cegada por el populismo y por el clientelismo más abyecto; debe usar la cadena nacional, tan pronto como tenga el detalle de la situación real de las finanzas públicas, para informar a la ciudadanía que el dinero se acabó, porque se malgastó y porque fue robado, y que de nada sirve endeudarse en el extranjero y sin corregir el déficit público que llegó, durante el año pasado, a la increíble cifra del 8% del PBI nacional, ya que se trata de una receta que nos ha llevado a múltiples crisis. Si no lo hace así, por no querer dar malas noticias, el crédito que recibió el 22 de noviembre en las urnas le durará poco. 

En este sentido, es menester referirse a la inmunda actitud de los funcionarios y legisladores kirchneristas que, aún hoy, siguen obedeciendo ciegamente a Cristina Fernández, que está tratando de negociar la impunidad a cambio de desenchufar la máquina de impedir que ha puesto en funcionamiento. Si observamos cómo maquilló con bonitos discursos todos los dislates que intentó mientras fue inquilina de la Casa Rosada, con tanto desprecio por las leyes y por la Constitución, no nos debe asombrar que ahora reaccione como una virgen ultrajada cuando sus esbirros y sicarios son desalojados de las cuevas en que había pretendido refugiarlos, o que mande a romper los pactos legislativos tendientes a resolver, al menos en parte, los innumerables desaguisados que integran su herencia.

Para desactivar la reacción de los gremios estatales frente a los despidos inevitables, sugiero al Presidente convocar a un referendum para preguntarle a la sociedad si está dispuesta a continuar soportando esta sideral presión tributaria para pagar los sueldos del millón de empleados que hoy sobran en los aparatos del Estado.

Y aquí surge otro deber irrenunciable, producto de las promesas de campaña, de Macri frente a la sociedad: todos sus funcionarios deben formular la correspondiente denuncia penal frente a cada delito que descubran o sospechen; no se trata de venganza, sino de justicia. Resulta indispensable, además, realizar esas denuncias para quebrar el espinazo  kirchnerista, empeñado en trabar la gestión del Gobierno; comenzar a desfilar por Comodoro Py permitirá que, de una vez por todas, entienda que ha perdido las elecciones. A una comunidad a la que se le exigirán tantos sacrificios -quita de subsidios, pérdida del empleo público, paciencia frente a la obsoleta infraestructura, renovada inflación- no se le podrá pedir, además, que continúe viendo circular tranquilamente, inclusive de vacaciones en el extranjero, a quienes son culpables de tantos males. La persecución penal debe quedar en manos de la Justicia, pero las denuncias deben hacerse y, luego, reclamar al Poder Judicial una acelerada investigación y, en su caso, una condena ejemplar.

Hace años acuñé una frase: "con una Justicia independiente, seria y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será". En estos días, hemos visto nada menos que a Jaimito, Schiavi y los Cirigliano salir tan campantes de los Tribunales después de haber sido condenados a severas penas por la masacre de Once porque la sentencia aún no está firme; y obtener fallos confirmatorios de Casación y la Corte Suprema puede llevar años. Resultará imposible cosechar fe en el cambio mientras este tipo de episodios continúe exhibiendo la tradicional impunidad que premia la corrupción entre nosotros.

En ese marco, quiero referirme a la situación de los militares que combatieron al terrorismo, mil ochocientos presos políticos que el kirchnerismo ha dejado al nuevo Presidente, que se pudren en cárceles comunes de todo el país (ya han muerto más de trescientos veinte por falta de atención médica), muchos de ellos sin condena pese a llevar más de diez años en cautiverio. No sugiero que se dicte una amnistía general sino que, simplemente, se termine con la discriminación que soportan; que se les apliquen todos los "beneficios" de los demás encarcelados: prisión domiciliaria para los mayores de setenta años y para los enfermos graves, cálculo doble del tiempo de detención preventiva (este mes se liberó así a un feroz asesino serial), aplicación de la ley más benigna, etc. Luego, y como en tantísimos otros emblemáticos casos, sobre todo en los de corrupción y en los las indemnizaciones y negociados con los derechos humanos, revisar los juicios realizados y comprobar que las sentencias han reflejado, correctamente, las pruebas colectadas, es decir, que no han sido dictadas sobre la base de falsedades y testimonios claramente amañados.

A mi modesto entender, éstas son las obligaciones urgentes que debe honrar Mauricio Macri, ya que de ellas dependerá, en gran medida, su credibilidad en los complicados meses que nos aguardan.

Bs.As., 10 Ene 16

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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