El plan cuenta con 69 medidas y 137
acciones detalladas para prevenir y asistir a mujeres en situación de violencia
de género, a desarrollarse en tres años, con un presupuesto inicial de 750
millones de pesos.
En
150 páginas, el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres estructura su implementación en acciones preventivas, de atención
integral, de monitoreo y evaluación, de formación en todas las áreas estatales
y de fortalecimiento institucional.
Cada
ítem del documento elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres identifica
a los organismos responsables, los asociados y los plazos para lograr los
objetivos, los que comienzan a correr desde enero próximo hasta diciembre de
2019.
En
el ítem Salud, propicia la incorporación del parto humanizado y del protocolo
de interrupción voluntaria del embarazo en la currícula de todas las carreras
sanitarias y en capacitaciones al sector.
Otro
eje es la promoción de una educación no sexista desde el nivel inicial hasta el
universitario, que incluye el cumplimiento de los objetivos del programa de
educación sexual integral.
Para
desnaturalizar las prácticas discriminatorias en el trabajo, el Plan promueve
la sanción de un ley contra el acoso laboral, licencias por violencia de género
y políticas de corresponsabilidad de cuidados que incluyen ampliar licencias
maternales y paternales.
La
política pública también incluye a los medios de comunicación, propiciando
diversas acciones que impidan que reproduzcan estereotipos de género que
naturalizan la violencia, entre los que se incorpora el lenguaje inclusivo.
En
esta área, como en otras, se impulsan acciones específicas destinadas a
distintos colectivos: migrantes, discapacitadas, adultas mayores, jóvenes,
LGBTQ y originarias.
Para
el apartado de atención, en el proceso de ampliación de la Línea 144, incorpora
un sistema operativo para la atención de mujeres con discapacidad y las que no
sean hispano hablantes.
Involucrar
a las mujeres que reciben asistencia, a los familiares de víctimas y a las
niñas, niños y adolescentes, víctimas colaterales del maltrato, también está
previsto en el instrumento estatal.
La
violencia institucional está incluida con la creación de un área
interinstitucional para su detección, atención y sanción contra mujeres en
situación de encierro, de pueblos originarios, del colectivo LGBTQ, con
discapacidad y viviendo con VIH.
En
relación a los agresores, se incentivan programas de reeducación para varones,
los que usaran tobilleras para evitar que violen las órdenes judiciales de
acercamiento a quienes maltratan.
El
patrocinio jurídico gratuito para mujeres es otra de las medidas, como también
el otorgarles microcréditos, sostenerlas en el programa Ellas Hacen y otros
gubernamentales que posibiliten su autonomía económica y empoderamiento.
Otra
acción del Plan es la implementación efectiva del Registro Único de Casos,
entre otras que permitan contar con registros y observatorios estatales.
El
Plan se efectivizará a través de la coordinación con 50 instituciones y
organismos públicos.
