Hace poco más de un mes, destacábamos el cumplimiento de la meta fiscal 2019 pero simultáneamente alertábamos sobre el futuro de las cuentas públicas, debido a la percepción de que la nueva gestión no tendría el mismo compromiso con respecto al logro del equilibrio fiscal. En esa oportunidad decíamos que a pesar de haber concluido el año fiscal con el cumplimiento de la meta propuesta por el Ministerio de Hacienda, las perspectivas hacia futuro no lucían tan claras.
Si bien desde el punto de vista de los recursos estimamos que las arcas públicas tengan 1,2 puntos del PBI extra en relación a 2019, si la actividad económica no encuentra un piso en los próximos meses y comienza a recuperarse, la base imponible continuará contrayéndose, reduciendo la capacidad contributiva de las alícuotas. Otro riesgo, quizás el más preocupante de cara a 2020, era el de la movilidad previsional que ha sido desactivado con la Ley de Emergencia. Sin embargo, la estrategia de ajustes discrecionales por parte del Poder Ejecutivo podría no implicar un ahorro significativo respecto al escenario con la fórmula. Por último, el congelamiento de tarifas provocará un crecimiento en la partida de subsidios y la creación de nuevos ministerios, en la de funcionamiento. Todo esto en un contexto en el cual el Ministerio de Economía no ha anunciado ninguna meta fiscal para este año ni los próximos.
En resumen, la reducción conseguida en los niveles de gasto y déficit a lo largo de los últimos años no es una situación estable y garantizada. Mantenerse sobre esta senda, e incluso avanzar hacia el superávit fiscal necesario para estabilizar el nivel de deuda, requerirá de constantes esfuerzos. Si la nueva administración está alineada con este camino necesario aún está por verse: las señales de las primeras semanas de gobierno son contradictorias y configuran un futuro incierto.
El primer dato fiscal del año no hizo más que ratificar nuestras dudas y alertas de aquel momento. Luego de cuatro años de superávit primario registrado en el primer mes del año, el 2020 arrancó con un déficit primario de 3.700 millones de pesos y un desequilibrio total por más de 90.000 millones de pesos. Lo preocupante de la situación es que enero es estacionalmente un mes poco complicado para las cuentas públicas. Si ya se registran números en rojo en el primer mes del año, difícilmente se pueda cumplir con la promesa del ministro de Economía de no incrementar el déficit durante el resto del año en comparación con la situación de 2019.
Más allá de lo ocurrido con los ingresos del gobierno, el factor determinante del desequilibrio fiscal fue la aceleración en el crecimiento del gasto público primario en relación a la tendencia que venía mostrando hasta diciembre. Como puede observarse en el siguiente gráfico, la “regla no escrita” que se había comprometido a cumplir el Ministerio de Hacienda de la administración anterior se ha roto. Esta regla consistía en mantener la evolución del gasto primario siempre por debajo del crecimiento de los ingresos públicos. De esta manera, de forma gradual, el desequilibrio fiscal iría convergiendo hacia el equilibrio primario y al superávit después.
Durante el año pasado, los ingresos totales del gobierno crecieron un 51,4% mientras que los gastos primarios lo hicieron casi 20 puntos menos al incrementarse en 37,2%. Aún incluyendo las erogaciones por intereses de la deuda se logró que el gasto total quede por debajo del incremento de los recursos. La totalidad de las erogaciones del gobierno nacional durante el año pasado aumentó en 43%.
Las variaciones más significativas en el gasto del primer mes del año fueron el crecimiento del 125% en los gastos para cubrir los subsidios energéticos. Este incremento en la partida responde directamente al efecto del congelamiento tarifario que lleva ya varios meses y que aún no está claro si se levantará en junio o se prolongará. Lo cierto es que cuanto más dure el congelamiento tarifario, mayores serán los recursos que el gobierno deberá destinar a los subsidios.
El gasto en prestaciones sociales, por su parte, se incrementó en 62% como consecuencia de la implementación de los bonos para las prestaciones más bajas. Este incremento es significativo, más aún teniendo en cuenta que no se trata de un mes en el cuál se lleve a cabo el ajuste trimestral como son los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
La partida que sí continúa mostrando un fuerte ajuste es la de la obra pública. En el primer mes del año no solo tuvo una caída real como lo había tenido durante el 2019 sino que incluso nominalmente bajó un 37% como consecuencia de la parálisis total en la que se encuentra el proceso de puesta en marcha de la obra pública, algo usual en los momentos de cambio de administración.
Complementariamente, los ingresos públicos aumentaron apenas por encima del 40%, generándose una brecha en relación los gastos de más de 10 puntos. Hay que tener en cuenta que gran parte de los recursos que llegan a manos del gobierno en enero responden a impuestos devengados en diciembre, mes en el cuál aún no se habían implementado en su totalidad los cambios tributarios del nuevo gobierno. Aún así, hasta que la actividad económica no ingrese en un sendero de recuperación permanente, los recursos no podrán mostrar un crecimiento sostenido. Es por ello que, a diferencia de lo que ha expresado Guzmán en reiteradas ocasiones, creemos que la única manera segura de alinear las cuentas públicas pasa por focalizarse en la evolución del gasto público.
Más allá del debate teórico sobre si la austeridad funciona, o si funciona más en determinadas coyunturas, la reducción del déficit primario y total durante los últimos años muestra que en los hechos controlar el gasto público procurando que evolucione por debajo de la tasa de inflación ha permitido corregir de forma significativa el rojo fiscal.
Mientras tanto, el primer mes del año emite una señal negativa sobre el sendero fiscal a futuro y aporta ruido en la renegociación de la deuda. En materia fiscal, en un solo mes se han retrocedido cuatro casilleros.
