Frente al pedido del Gobernador salteño Gustavo Sáenz de utilizar al Ejército para custodiar los pasos fronterizos ilegales en su provincia, Matías Lobos, ex subsecretario de fronteras y de formación policial y programas de seguridad de la Nación, sostuvo:
“La frontera norte tiene una singularidad marcada por la presencia de un tránsito vecinal alto y permanente de poblaciones unidas por lazos culturales, sociales y comerciales. Este flujo permanente de vecinos fronterizos por pasos no habilitados hace que la ejecución de controles fronterizos sea compleja. Esta situación es usada por las redes criminales del narcotráfico para usar la frontera norte como un lugar propicio para entrar y salir del país con facilidad.
Por esta razón se vuelve fundamental propiciar en la zona un cambio de costumbre social; y fortalecer los controles, con un eje ordenador puesto en la seguridad.
Durante los últimos años, las fuerzas armadas argentinas se encuentran abocadas a desarrollar un conjunto de acciones que permiten mejorar la política de seguridad del Estado Nacional. Entre dichas acciones podemos mencionar: la radarización de la frontera norte, la identificación de tránsito aéreo irregular sin planes de vuelos autorizados, el trazado de rutas aéreas clandestinas que permiten identificar zonas de descarga de drogas, la identificación de pistas no autorizadas, el despliegue operacional en zonas de fronteras para el entrenamiento militar y la colaboración en asistencia social para poblaciones fronterizas en situaciones de vulnerabilidad.
De más está destacar la tarea profesional y de alta calidad que brindan las fuerzas armadas en todo lo referido a la protección civil de la población frente a emergencias.
Las acciones mencionadas sirven de justificativo al pedido del Gobernador salteño de utilizar los recursos humanos y materiales de las fuerzas armadas para impedir la entrada de personas al país por pasos ilegales. Pero este pedido oportuno nos lleva a dos interrogantes:
¿Cuál es la realidad concreta con las que se pueden encontrar los militares que sean llevados a cumplir con la tarea de cerrar los pasos no habilitados?, ¿Puede la actual doctrina militar contemplar esta situación o no se torna necesario reflexionar y debatir sobre una actualización de la misma?
La respuesta al primer interrogante nos remite a una situación muy concreta: un desempeño efectivo de personal militar en zonas de pasos no habilitados requiere que el mismo pueda detener a las personas que comenten la infracción de ingresar al país por pasos ilegales.
Esto implica que el personal militar asignado a esta tarea pueda ejercer poder de policía en la zona de seguridad de fronteras. La normativa legal vigente en nuestro país impide que los militares tengan esta facultad. En Brasil, para tomar un ejemplo cercano, sus fuerzas armadas están dotadas de ese poder en zonas de fronteras.
Responder el segundo nos lleva a plantear una cuestión medular respecto a la doctrina militar vigente y su actualización. La doctrina vigente parte de una separación tajante entre seguridad interior y defensa de la Nación, otorgándole a las fuerzas armadas protagonismo exclusivo en las tareas de defensa y no así en las tareas de seguridad interior. Muchos países, a partir de fenómenos tales como el terrorismo internacional y el crecimiento del crimen organizado transnacional, han decido revisar sus doctrinas militares y darles a sus fuerzas armadas una mayor participación en políticas específicas de seguridad. Nuestro país se debe ese debate, vital para tener un uso efectivo y moderno de nuestras fuerzas armadas”.
