Por Lic. Matías Lobos (Director General de Enlace y Estudios de La Plata, Fundador de Red PUNTO, Ex Subsecretario Nacional de Fronteras y de Formación Policial)
En el marco de la actual pandemia, a fines de abril; el diario Página 12 recogía dos noticias de países cercanos. Desde Lima se informaba sobre el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena por el coronavirus. Desde Bogotá se cubría la noticia de saqueos y trapos rojos como las imágenes del hambre en Colombia, siendo las protestas de los desesperados por la falta de comida una situación que se repite a diario. En Argentina, el diario Clarín reportaba la acción llevada adelante en el municipio de Moreno, donde de manera diaria, se implementan 80 ollas populares para mitigar el hambre en los tiempos actuales de emergencia sanitaria.
El contraste entre ambos extremos nos conduce a reflexionar sobre la situación actual de las políticas sociales en nuestro país y el rol que juegan el estado y los movimientos sociales en la implementación de las mismas.
Las políticas sociales en el mundo se han orientado bajo dos esquemas generales. De acuerdo al primero, denominado focalización; se desarrollan un conjunto variado de intervenciones sociales puntuales sobre poblaciones con alta vulnerabilidad. En virtud del segundo, orientado hacia la universalización; se ejecuta una única intervención buscando llegar a un segmento social amplio a través de una transferencia de ingresos. Una política social que contemple realidades particulares anima el espíritu del primero, mientras que una política social que genere ingresos monetarios para los excluidos del mercado laboral se convierte en el motor del segundo. La focalización apunta a muchos programas sociales y a muchos grupos de beneficiarios, mientras que la universalidad se enfoca en una política social potente que llegue a un sector amplio de la comunidad.
El análisis del sistema de políticas sociales en el país, teniendo en cuenta la persistencia de un mercado laboral informal que se acerca a la mitad de la población activa; ha hecho que el mismo tenga una mezcla de los dos esquemas, de manera tal que convivan una gran cantidad de prestaciones focalizadas con programas de transferencias de ingresos. Una política social que se piense como engranaje complementario de la política de generación de empleo continúa pendiente en Argentina, haciendo que sus componentes de universalidad se vuelvan gravitantes y se concentre la inversión social en lo fundamental: devolver a las personas al trabajo digno.
Los movimientos sociales han tenido y tienen un rol clave en la implementación de las políticas sociales en dos aspectos. En primer término, fueron instrumentos de contención social en momentos donde la desocupación se tornaba un proceso estructural. En segundo, han sido y son estructuras de intermediación que permiten amortiguar la conflictividad social, poniendo interlocutores y organicidad a la hora de pedir e implementar ayudas por parte del estado. Ahora bien, estos movimientos sociales deben optar por dos caminos. Uno de ellos es alentar la continuidad de una política social fragmentada y focalizada, sin vínculo real con la política de empleo, y quedarse en el conformismo de una burocracia profesionalizada para la administración de la pobreza. El otro es convertirse en facilitadores de una política social universal que supere la pobreza teniendo como la moneda dos caras: el empleo digno y la contención para la reinserción laboral.
