Ante una deficiencia de un organismo público, la reacción prevaleciente es crear otro organismo que cumpla similares funciones. Esto ocurre en la inversión en desarrollo humano con enormes ineficiencias. La Nación debe dejar de superponer gastos con las provincias y sus municipios para concentrarse en medir resultados.
Por el escándalo que generó el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la Provincia decidió aceptarle la renuncia y, además, disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros. En sus fundamentos señaló que cada Ministerio absorberá las funciones asignadas a la Jefatura de Gabinete. La decisión sugiere que la Jefatura de Gabinete operaba de manera superpuesta con los otros ministerios. Por un hecho fortuito, se hizo explícita la pertinencia de mejorar la gestión del Estado eliminando superposiciones las cuales son fuentes de ineficiencias.
La superposición de funciones
es la regla en el sector público argentino. Un área donde más
está presente es en las inversiones en desarrollo humano (educación básica,
salud pública, agua y saneamiento, vivienda y urbanismo y asistencia social).
Estas funciones son –según la Constitución– responsabilidades de las provincias
y sus municipios, pero frecuentemente el Estado nacional también invierte en
ellas. De esta forma, los tres niveles de gobierno concurren en la gestión de
la inversión en desarrollo humano.
¿Cómo se distribuye la
inversión social entre los tres niveles de gobierno? Tomando
datos del Ministerio de Economía se observa que:
- En el año 2000 la
inversión total en desarrollo humano fue de 7% del PBI de
los cuales 0,4 puntos porcentuales fueron aportados por
el Estado nacional.
- En el año 2010 se
invirtió 8% del PBI de los cuales 1 punto
porcentual lo aportó el Estado nacional.
- En el año 2021 se
invirtió 10% del PBI de los cuales 2,9 puntos
porcentuales fueron aportados por el Estado nacional.
¿Qué resultados se alcanzaron
con esta mayor inversión en desarrollo humano superpuesta entre los tres
niveles de gobierno? En materia educativa, en el 2021, según
las pruebas Aprender, el 70% de los niños pobres que terminan la primaria no
sabe leer, escribir, sumar y restar. En materia de salud, la tasa de mortalidad
infantil en las provincias está por encima del 8 por mil, duplicando la de
CABA, y en 5 provincias la tasa es de 2 dígitos. Según el Censo 2021, el 15% de
los hogares no tiene agua de red pública, el 37% no tiene cloacas, el 13% no
tiene piso de material (la proporción llega al 30% en algunas provincias) y el
40% no tiene gas de red ni electricidad para cocinar. Esta degradación se
explica por una multiplicidad de causas, pero una muy importante es la
baja calidad de la gestión pública derivada de la superposición entre organismo
estatales.
Para revertir este proceso es
imprescindible abordar el ordenamiento funcional del sector público. Asumir que
lo relevante no es la cantidad de ministerios, sino lo que hacen. Un
paso clave es que el Estado nacional deje de interferir en responsabilidades que
son de las provincias y sus municipios y se concentre en medir resultados.
Elaborar con rigurosidad y sistematicidad indicadores en materia de desarrollo
humano y difundirlos masivamente con la pauta oficial (que actualmente se usa
para propaganda del partido gobernante) para empoderar a los ciudadanos. El
objetivo es que los ciudadanos presionen a sus gobernadores e intendentes para
que mejoren la gestión de la inversión social.
En la organización federal cada provincia con sus municipios son los responsables por el desarrollo humano de su territorio. La Nación no tiene herramientas para suplir deficiencias de las provincias. Con intervenciones directas, la Nación agrega problemas porque los solapamientos potencian los magros resultados. Mucho más conducente es que el Estado nacional induzca a que la población controle mejor a sus gobernantes locales.
Román Reynoso 2023
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