La inflación que mide el
organismo oficial no refleja los aumentos reprimidos detrás de los controles de
precios ni la emisión monetaria contenida por los pases y leliqs del Banco
Central. La liberación de estos factores de contención será muy traumática si
no va acompañada de un ordenamiento integral del Estado.
El INDEC informó que la
inflación de octubre fue de 8,3% pero, con las evidencias disponibles, es muy
probable que en noviembre sea nuevamente de 2 dígitos. Resulta imposible
predecir diciembre, aunque es seguro que el 2023 será un año de inflación altísima.
La gente percibe las enormes perturbaciones que este proceso provoca sobre el
funcionamiento de la economía y sus devastadores impactos sociales. Pero lo más
grave es que esto es solo una parte del problema porque hay mucha inflación
reprimida. Es decir, no toda la inflación se ha explicitado porque el
gobierno apela con mucha intensidad a herramientas para diferir en el tiempo
incrementos de precios.
Con la finalidad de contener
la inflación, se vienen atrasando muchos precios regulados por el
Estado. Esto permite posponer la inflación que se generará cuando se
sinceren los precios de la energía, el transporte público, la medicina privada,
la educación privada y el dólar oficial. Por otro lado, que el año próximo el
campo y Vaca Muerta generen más dólares es buena noticia. Pero cuando
el Banco Central compre esos dólares tendrá que emitir más pesos agregando
presiones inflacionarias.
La inflación reprimida más
importante es la emisión monetaria que el Banco Central sacó de circulación
vendiendo pases y leliqs a los bancos comerciales. En
este sentido, según información del Banco Central se observa que:
- El stock de emisión monetaria existente
asciende a 29 billones de pesos.
- La cantidad de billetes en manos de la
gente (base monetaria) es de 7 billones de pesos.
- La cantidad de dinero que el Banco Central
sacó de circulación emitiendo pases y leliqs es de aproximadamente
22 billones de pesos.
Estos datos muestran que apenas
un cuarto del total de pesos emitidos está en manos de la gente. Los
restantes tres cuartos del total de pesos emitidos fueron absorbidos por el
Banco Central con pases y leliqs para evitar mayor presión inflacionaria. Para
ello indujo a que los depósitos que los bancos comerciales reciben de sus
clientes, en lugar de prestarlos a las empresas o las personas, se los den al
Banco Central. Si toda esta emisión monetaria contenida se volcara al mercado,
la inflación sería mucho más alta de lo alta que ya es. Para absorber estos
excesos de emisión monetaria el Banco Central paga intereses (actualmente del
orden del 250% anual) que se cubren con más emisión generando un círculo
perverso.
Si el Central devolviera esta
enorme masa de dinero el impacto inflacionario sería explosivo, seguramente a
niveles de hiperinflación. La alternativa –que ya se aplicó a fines
de 1989 con el denominado “Plan Bonex”– es no devolverle el dinero
a la gente que depositó y a cambio entregarle un título público a largo plazo.
En el primer caso, los ahorros se licuan por la hiperinflación, en el segundo
los ahorros se licúan por la reprogramación. Ambas alternativas son
traumáticas y costosas, pero aparecen como inevitables ante la evidencia de que
seguir reprimiendo los excesos de emisión es insostenible.
La verdadera solución es
abordar un ordenamiento integral del Estado. Esto es replantear su
organización para que sea financieramente equilibrado y más eficiente en su
gestión. Así, se generarán las condiciones para que la corrección de los
atrasos en los precios regulados y el desarme de las leliq y pases sea menos
traumática. Para ello hay que asumir que de poco sirven las políticas de
“déficit cero”, si se mantiene la mala calidad en la gestión pública. En su
lugar, hay que abordar una agenda de transformación disruptiva. Entre sus
componentes centrales está el ordenamiento tributario (unificando impuestos y
tendiendo al autofinanciamiento de las provincias), el ordenamiento previsional
(para que el envejecimiento deje ser un compromiso fiscal) y el ordenamiento
funcional (para que el Estado nacional deje de interferir en funciones
provinciales y municipales y cada provincia con sus municipios rinda cuenta por
la calidad de los servicios que brinda a sus ciudadanos).
El ordenamiento integral del Estado es un planteo muy ambicioso. Pero es el único que permitirá salir de la inflación reprimida sin transitar una experiencia muy traumática como será una hiperinflación o un Plan Bonex. Su concreción no solo depende del próximo presidente, sino también del acuerdo de la mayoría (no todas) las provincias. Más allá de las cuestiones monetarias y cambiarias, el tema central es cambiar la organización del Estado para lo cual se requiere mucha pericia técnica y audacia política.