La Administración Pública
Nacional muestra superávit en el mes de enero 2024. La principal causa es la
fuerte caída del gasto social, en especial, las jubilaciones. Dado que las
jubilaciones están en su mínimo histórico, es necesario rápidamente migrar hacia
fuentes más genuinas de sostén del equilibrio fiscal.
Una combinación de factores
demostró que la ley ómnibus es una iniciativa inviable. Tampoco hay avances
significativos en la instrumentación del DNU ya que su aplicación está muy
condicionada por la incertidumbre jurídica y fallos judiciales adversos que
limitan su impacto. En los menos de dos meses que el gobierno lleva en el
poder, estos traspiés exteriorizan las dificultades que enfrenta para
transformar el Estado y, particularmente, equilibrar las cuentas públicas.
Sin perjuicio de ello, los funcionarios nacionales expresaron enfáticamente que
se mantienen en la meta del déficit cero.
En este contexto resulta
particularmente sugerente el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso
(OPC) que señala que la Administración Pública Nacional logró en enero
un superávit financiero equivalente a 0,2% del PBI. Esto es que los
ingresos superaron a los gastos, incluyendo dentro de ellos los intereses de la
deuda pública. Este resultado, consistente con el planteo oficial, se logró
gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público (salvo
intereses). Dentro de esta reducción, la caída en el valor real del
gasto en jubilaciones y pensiones es la más decisiva.
Para evaluar en perspectiva
esta reducción de la masa jubilatoria sirve observar la tendencia del haber
mínimo –que es el que mejor refleja la movilidad de las jubilaciones– en lo que
va del siglo. En base a las normas históricas de movilidad se observa que:
- La jubilación mínima en
el 2002 fue de $83.078 a precios de
diciembre 2023.
- Este mismo valor en el año 2023 fue
de $127.858 a precios de diciembre del 2023.
- En diciembre del 2023, la
jubilación mínima fue de $105.713.
Estos datos muestran un persistente
y profundo deterioro en el poder de compra de las jubilaciones. El monto en
diciembre del 2023 es inferior al promedio de todo el 2023 y se ubica cerca del
menor valor que tuvo en el siglo que fue el del 2002. Dado que las jubilaciones
se ajustarán recién en marzo del 2024, suponiendo que la inflación en enero sea
aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será
el equivalente a $88.094 a precios de diciembre 2023. En febrero seguramente se
ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002. Es decir, en
febrero, las jubilaciones tendrán el menor valor real del siglo XXI.
La estrategia de equilibrar
las cuentas públicas en base a la licuación de jubilaciones es muy endeble. Por
un lado, porque tiene un impacto muy regresivo y genera tensiones políticas.
Por otro, porque aumenta las demandas judiciales contra la ANSES debido a que
la justicia previsional no tolera la licuación de jubilaciones. No es la
primera vez que el ajuste fiscal se sostiene licuando jubilaciones, pero nunca
con este nivel de intensidad. La principal conclusión es que el
superávit de enero es positivo, pero muy precario.
Para eliminar la inflación y
generar un contexto amigable para la inversión y la creación de empleos de
calidad es imprescindible equilibrar las cuentas públicas. Por eso, priorizar
la meta de déficit cero es pertinente. Pero también es esencial
convencer que es factible sostener el equilibrio fiscal en el tiempo. Si
los agentes económicos perciben que, por resistencias sociales, políticas y/o
judiciales, el equilibrio fiscal no será sostenido los beneficios se diluyen.
Como lo demuestran experiencias pasadas, el ajuste por licuación de
jubilaciones lleva a dilapidar esfuerzos, tanto de la sociedad como del
gobierno.
Para migrar desde un equilibrio fiscal basado en la licuación del gasto público a otro con bases más sostenibles hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. Por el lado de los ingresos, avanzar en la unificación y simplificación de impuestos y tender a que cada nivel de gobierno sea responsable de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por el lado de los gastos, eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública. Esto demanda ideas innovadoras y capacidad para llevarlas a la práctica. Hasta ahora el gobierno ha demostrado tener ideas, pero carece de la pericia política y técnica para instrumentarlas.
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