El debate sobre la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires sigue siendo un tema candente entre la dirigencia política. En los últimos días, este asunto ha vuelto a la palestra, y algunos jefes comunales dan por sentado que habrá cambios. Sin embargo, el mecanismo para llevar a cabo estas modificaciones aún no está claro.
En voz baja, se escucha el
rumor: “La ley se va a modificar”. Aunque nadie puede explicar exactamente cómo
ni cuándo se llevará a cabo esta reforma. Recordemos que la normativa actual,
sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, establece que el 60% de
los municipios experimentará un recambio obligado de autoridades en 2027.
En una reunión de dirigentes locales, un funcionario del ejecutivo bonaerense transmitió el mismo mensaje: “No especulen sobre la imposibilidad de reelección de los intendentes, porque la ley cambiará”.
Sin embargo, la verdadera rosca no ocurre dentro de las paredes de la Legislatura bonaerense. Allí, aún no se debaten las opciones ni se cuentan los votos para derogar la norma vigente desde 2016, que ha generado dolores de cabeza en cada rincón de la provincia. Si no se logra revertir esta situación, se desatará una carrera contrarreloj para construir candidaturas competitivas en las intendencias.
Las conversaciones incipientes
se suceden en reuniones informales, donde se barajan opciones y se evalúan los
tiempos. Todos coinciden en algo: si se va a modificar la ley, este año es el
momento adecuado para evitar que el debate se convierta en un tema central
durante el año electoral.
En el hervidero político del
parlamento, los números están ajustados. El Frente Renovador, liderado por
Sergio Massa, se mantiene firme en su apoyo a la normativa actual. Para La
Libertad Avanza, la imposibilidad de que muchos intendentes busquen otro mandato
podría ser una ventaja crucial para conquistar municipios. Sin embargo, al PRO
le resultaría complicado justificar ante su electorado una postura que permita
la perpetuidad en los cargos.
Las opciones que se barajan son variadas. Desde derogar la norma hasta modificarla en el contexto de otras leyes electorales, como la implementación de la boleta única o incluso las autonomías municipales. Esta última opción implicaría una modificación de la Constitución provincial mediante enmienda o Asamblea Constituyente, un proceso más engorroso. Además, no se descarta la vía judicial como posible camino para resolver este dilema.
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