Nuevamente el descontrol del
fuego genera graves daños y polémicas. Un tema controversial es la ambigüedad
en la determinación de responsabilidades entre niveles de gobierno. También en
este tema la solución pasa por un acuerdo de coordinación de funciones entre la
Nación y las provincias.
La proliferación de incendios
en varias provincias generó confusión a nivel del Estado nacional. En este
ámbito, el área responsable de la política ambiental es la Subsecretaría de
Ambiente del Ministerio del Interior. La persona encargada de esta Subsecretaría
renunció aduciendo agotamiento, seguramente por la crisis del fuego, y quién la
reemplazó hizo una fuerte crítica al señalar que el tema bosques y fuego tiene
baja prioridad en la agenda del gobierno, lo que motivó la descalificación por
parte del vocero presidencial. En paralelo, sin responder a este cruce entre
funcionarios, el gobierno transfirió el Servicio Nacional de Manejo del Fuego
al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
El Servicio Nacional de Manejo
del Fuego es un organismo encargado de coordinar con las provincias la
prevención y la mitigación del fuego. Con estos cambios de funcionarios y de
áreas, el gobierno nacional busca mostrar un rol más activo en el control de
los incendios en las provincias. En otras palabras, el Estado nacional se
propone hacer lo que las provincias no están pudiendo hacer o no están haciendo
bien.
El presupuesto de la
Subsecretaria de Ambiente ejecutado en el 2024 fue de $95.000 millones que
representan el 0,1% del gasto primario nacional. La composición fue la
siguiente:
El 67% es para el
mantenimiento de los parques nacionales.
Otro 25% es para políticas
ambientales de carácter general.
Un 8% es para el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego.
Estos datos muestran que los
instrumentos con que el Estado nacional cuenta para el manejo del fuego son
marginales. Dentro de un muy acotado presupuesto nacional para cuestiones de
medio ambiente, el tema de manejo del fuego recibe una porción ínfima. Además,
la totalidad del presupuesto ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del
Fuego está registrado en la contabilidad pública con ubicación geográfica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto sugiere que no parece que el Estado
nacional pueda hacer mucho aportando recursos y logística para controlar los
incendios en las provincias.
La gestión del control del
fuego está condicionada por la organización federal adoptada por la Argentina.
La Ley 26.815 establece el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Este sistema
se estructura en tres niveles operativos. En la fase de ataque inicial del
fuego, la provincia es la responsable de mitigarlo. Si considera que su
capacidad está sobrepasada debe pedir ayuda a las otras provincias aledañas.
Cuando el incendio supera el apoyo regional actúa el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego aportando brigadistas, aviones hidrantes, helicópteros,
camionetas y otros vehículos. La gobernabilidad de este sistema es compleja ya
que hay que coordinar acciones de prevención y mitigación entre el Estado
nacional y las provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Para mejorar la prevención y
control del fuego es clave ordenar las funciones entre niveles de gobierno.
Presionar a que la Nación asigne más recursos para suplir las deficiencias de
las provincias no es una buena estrategia. Es caer en el mismo error que en el
resto de las funciones sociales (como salud, educación, asistencia social,
vivienda y urbanismo) donde la Nación se superpone con las provincias –en
teoría para ayudar o hacer lo que las provincias no hacen– y se terminan
diluyendo las responsabilidades de cada jurisdicción. Un esquema más eficiente
es que la Nación concentre esfuerzos en la coordinación y que cada provincia
disponga de los recursos y la capacidad suficientes para intervenir
directamente previniendo y combatiendo los incendios y, fundamentalmente,
haciéndose cargo por los resultados.
Es impostergable mejorar el abordaje del fuego. La manera de hacerlo no es potenciando la superposición de roles entre la Nación y las provincias. Esto lo único que hace es diluir responsabilidades. El camino es un acuerdo de coordinación de funciones entre la Nación y las provincias que establezca con precisión las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
FUENTE: IDESA
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