Por
Román Reynoso para Mundo Norte
El
receso de verano no ha logrado enfriar el conflicto entre el Gobierno nacional
y las universidades públicas. Lejos de acercar posiciones, la tensión ha
escalado a niveles críticos en este enero de 2026. Según confirmaron fuentes
gremiales a este medio, y en línea con lo reportado por el portal Mundo
Gremial, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y otros
sindicatos clave del sector han lanzado una advertencia contundente: si no hay
una recomposición salarial urgente y el cumplimiento de la Ley de
Financiamiento Universitario, el inicio de clases está seriamente comprometido.
La
situación es dramática para el bolsillo de los trabajadores de la educación
superior. Un reciente informe técnico difundido por los gremios revela que los
salarios docentes han tocado su piso histórico, acumulando una pérdida de poder
adquisitivo que ronda el 50% en comparación con diciembre de 2023.
"Estamos ante los sueldos más bajos de la historia de la universidad
argentina", sentenciaron desde la conducción de la FEDUN, poniendo en
cifras el impacto del ajuste fiscal y la "licuadora" inflacionaria que
ha pulverizado los ingresos del sector.
El
nudo del conflicto radica en la negativa del Ejecutivo a ejecutar las partidas
presupuestarias correspondientes, amparándose en la premisa innegociable del
"déficit cero". A pesar de que la Justicia ha fallado a favor de los
reclamos universitarios mediante medidas cautelares que ordenan la
actualización de fondos, desde la Casa Rosada y el Ministerio de Capital Humano
mantienen el torniquete financiero. Esto ha llevado a una "inaplicación
encubierta" de la normativa vigente, dejando a las casas de altos estudios
en una situación de asfixia operativa y salarial.
"No
hay margen para empezar el año así", aseguran los delegados, quienes ya
anticipan que febrero será un mes de asambleas calientes y posibles medidas de
fuerza que podrían derivar en un paro total por tiempo indeterminado. La
exigencia es clara: paritarias libres que recuperen lo perdido contra la
inflación y la garantía de fondos para el funcionamiento básico de las
facultades.
Mientras el Gobierno insiste en que "no hay plata" y que la prioridad es el ordenamiento macroeconómico, la comunidad educativa se prepara para un nuevo round en las calles. La pregunta que resuena en los pasillos vacíos de las facultades es si habrá voluntad política para destrabar un conflicto que amenaza con dejar a millones de estudiantes sin aulas en el arranque de este 2026.
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