Por
Román Reynoso para Mundo Norte
En una
decisión que marca un giro copernicano en la política educativa nacional, el
Gobierno oficializó el Decreto 436/2025, mediante el cual se derogan artículos
clave de leyes vigentes que establecían la obligatoriedad de contenidos
transversales en todas las escuelas del país. La medida, publicada en el
Boletín Oficial, transfiere la potestad de dictar estas materias a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retirando al Estado Nacional
de la imposición de dichas currículas.
El
decreto elimina específicamente el artículo 3° de la Ley 27.234, que instituía
la jornada anual obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género" en todos los niveles educativos.
Asimismo, se suprimen los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, lo que disuelve
la obligación nacional de impartir formación en Educación Vial.
Fuentes
de la Casa Rosada argumentan que la decisión responde a una lógica de
reordenamiento administrativo y eficiencia fiscal. En el caso de la Educación
Vial, el Ejecutivo señaló una "superposición de funciones" con el
Consejo Federal de Seguridad Vial, destacando además que el Observatorio de la
Educación Vial, previsto en la normativa anterior, nunca llegó a
operativizarse. Respecto a las jornadas de violencia de género, el oficialismo
sostiene que la organización de dichos talleres no corresponde a la órbita
federal, sino que debe ser resorte exclusivo de cada jurisdicción.
La
medida no prohíbe estos contenidos, pero desregula su aplicación: a partir de
ahora, cada gobernador y el Jefe de Gobierno porteño definirán si mantienen,
modifican o eliminan estos espacios en sus respectivos distritos. El argumento
central del decreto es "reducir el sobredimensionamiento de la estructura
estatal" y "equilibrar las cuentas públicas", en línea con la
premisa de austeridad que mantiene la administración de Javier Milei.
El
impacto en la comunidad educativa es inmediato. Mientras algunos sectores
celebran la mayor autonomía federal, gremios docentes y organizaciones civiles
advierten sobre el riesgo de fragmentación en la formación ciudadana básica,
temiendo que temáticas críticas como la seguridad vial y la prevención de la
violencia queden sujetas a la discrecionalidad o presupuesto de cada provincia.
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