Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
El reciente comunicado del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) no es un reclamo administrativo más; es
un grito de alerta que resuena con especial fuerza en el Gran Buenos Aires.
Mientras el Gobierno Nacional demora la aplicación de la ley de financiamiento,
las instituciones que conforman el pulmón educativo de nuestra región enfrentan
un escenario de asfixia que excede lo estrictamente salarial.
Hablamos de un entramado
académico vital. Casas de altos estudios como la Universidad Nacional Raúl
Scalabrini Ortiz (UNSO) en San Isidro, la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (UNTREF), la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR)
y la Universidad Nacional del Oeste (UNO) en Merlo, se suman al reclamo
de instituciones históricas como la UNGS (General Sarmiento), la UNM
(Moreno), la UNPAZ (José C. Paz) y la UNLU (Luján). Todas ellas
representan, para miles de vecinos de las zonas norte y oeste, la primera
oportunidad histórica de acceder a un título de grado.
Para el periodista que recorre
estas calles, es evidente que estas instituciones no solo dictan clases. Son
centros de contención, polos de investigación local y motores de movilidad
social. La falta de actualización de los gastos de funcionamiento (luz,
gas, seguridad, insumos de laboratorio) impacta hoy directamente en la
posibilidad de mantener las puertas abiertas, especialmente en las franjas
horarias nocturnas, que son las más utilizadas por los estudiantes trabajadores
de nuestros distritos.
El factor crítico: Salarios y
Becas
- Emergencia salarial: El pedido de paritarias
inmediatas para este 2026 busca frenar la pérdida de profesionales. Sin
docentes y nodocentes bien remunerados, la calidad académica que tanto
costó construir en el conurbano corre un riesgo de degradación
irreversible.
- Sostenimiento estudiantil: La actualización
de las partidas para becas es la única barrera que hoy evita la deserción
masiva de jóvenes que, ante la crisis, se ven obligados a priorizar el
sustento diario sobre su formación profesional.
La estrategia del Ejecutivo de ignorar una ley ya sancionada por el Congreso coloca al sistema en una situación de vulnerabilidad institucional. No se trata de una discusión contable, sino de una definición política: o se apuesta por el conocimiento estratégico o se permite el marchitamiento de las universidades que garantizan el futuro de nuestra comunidad.
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