Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
La pulseada entre el Gobierno
nacional y el sindicalismo alcanza su punto más álgido esta semana. Tras la
confirmación del paro general por 24 horas convocado por la Confederación
General del Trabajo (CGT), la jornada del próximo jueves 19 de febrero se perfila
como un desafío logístico sin precedentes para la Ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano Bonaerense. La medida, motivada por el tratamiento de la reforma
laboral en la Cámara de Diputados, contará con una adhesión que promete dejar
las calles vacías.
A diferencia de otras
convocatorias recientes donde el sector transporte mostró fisuras, en esta
oportunidad el acatamiento parece ser absoluto. La clave reside en la Unión
Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, que tras
conversaciones con la cúpula de la central obrera confirmó que se plegará a la
medida. Esta decisión garantiza que no habrá servicio de colectivos de corta,
media ni larga distancia durante toda la jornada del jueves.
El panorama ferroviario no será
distinto. Gremios de peso como La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas, y
la Unión Ferroviaria han ratificado su participación. En consecuencia, todas
las líneas de trenes metropolitanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y
Belgrano) interrumpirán sus servicios desde la medianoche, afectando a los
millones de trabajadores que diariamente se desplazan desde el Gran Buenos
Aires hacia la Capital Federal.
En el ámbito subterráneo, los
Metrodelegados (AGTSyP) ya venían realizando medidas de fuerza escalonadas y
han confirmado que el jueves el cese de actividades será total en las seis
líneas de subte y el Premetro. A esto se le suma la parálisis en el sector
aeroportuario, con la adhesión de los gremios de pilotos y tripulantes de
cabina, lo que provocará cancelaciones y demoras masivas tanto en Aeroparque
como en Ezeiza.
Desde el sector gremial sostienen que la huelga será "sin movilización", buscando que el impacto se sienta exclusivamente a través del ausentismo y la falta de servicios. Por su parte, el Ejecutivo monitorea la situación con la posibilidad latente de dictar conciliaciones obligatorias de último momento, aunque el consenso sindical actual sugiere que la determinación de los gremios de transporte es irreversible en el marco del debate legislativo.
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