Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El proyecto oficial para derogar
la Ley 27.642 de etiquetado frontal reabrió una disputa donde la ideología
suele obturar los datos duros. Mientras el Poder Ejecutivo argumenta que los
octógonos negros confunden y castigan de forma homogénea a matrices alimentarias
distintas, la evidencia internacional demuestra que el sistema funciona, aunque
requiere correcciones urgentes. La eliminación lisa y llana asoma más como una
regresión institucional que como una solución de mercado eficiente.
Un documento técnico del
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) desarticula la premisa de
que la norma carece de efectos prácticos. Al analizar el espejo de Chile
—pionero en la región con una implementación que data de 2016—, el impacto en
la salud pública es medible: el consumo de sodio agregado cayó un 27%, el de
azúcar un 18% y el de grasas saturadas un 19%. Lo central para el debate
económico local es que estos indicadores se lograron sin destruir puestos de
trabajo ni resentir la rentabilidad del sector manufacturero. Al contrario, la
norma forzó a las corporaciones a reformular sus componentes para eludir el
estigma del sello negro.
Sin embargo, la rigidez del
modelo actual en la Argentina es real y genera distorsiones insostenibles. Al
ser un sistema estrictamente binario (alto o bajo), iguala situaciones
disímiles. El informe expone paradojas cotidianas en las góndolas: un queso port
salut entero o una mermelada reducida en calorías terminan exhibiendo la misma
cantidad o más advertencias que papas fritas ultraprocesadas o jugos
artificiales concentrados. Al no contemplar las porciones reales efectivamente
consumidas ni el grado de procesamiento, el octógono pierde su valor de guía.
Peor aún, anula el incentivo de las alimenticias para mejorar de forma gradual;
si un esfuerzo intermedio de reducción de sodio no remueve el sello, la
industria desiste de invertir en la reformulación.
La salida racional no es el apagón regulatorio, sino una reingeniería técnica. Países centrales, entre ellos Estados Unidos, ya evalúan esquemas basados en la intensidad o la gradualidad de los nutrientes críticos. Reemplazar el castigo binario por indicadores de niveles permitiría una flexibilización inteligente: premiaría el esfuerzo de adaptación de las empresas y otorgaría al ciudadano una información verdaderamente útil para combatir las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Perfeccionar la ley es resguardar la salud pública; derogarla es un retroceso conceptual.
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