Esta vez el incremento se debe a la decisión oficial de eliminar –o “encanutar” según el verbo de moda en estos días –una “bonificación estacional” que se venía aplicando desde 2009 y abarcaba a los consumos registrados entre los meses de junio y setiembre.
El descuento tarifario que fue suprimido implica para los bolsillos de los clientes hogareños de todo el país que tienen consumos medios y altos una suba que oscila entre el 40% y el 250% con respecto a los valores que habían pagado en el período invernal de 2013.
Si bien no se trata de un “ajuste tarifario tradicional”, la mayor erogación que deben afrontar los usuarios con respecto a lo que habían pagado el año pasado suma un elemento más de irritación y malhumor social en medio de un contexto inflacionario cada vez más preocupante.
Con la silenciosa desaparición de las bonificaciones invernales, el Gobierno acumuló una nueva modificación a la errática política tarifaria que ha venido aplicando en los últimos años con un papel preponderante de los subsidios estatales.
A fines de 2008, el ministerio de Planificación había dispuesto un aumento en las tarifas eléctricas que iba del 90% al 400% para todos los consumos hogareños. Las subas generaron numerosas quejas de los usuarios que se vieron potenciadas después de las elecciones legislativas de mediados de 2009 que representaron una dura derrota para el oficialismo.
Jaqueado por los reclamos de entidades de consumidores, las demandas judiciales y la presión del Congreso; el Gobierno de Cristina Kirchner decidió en agosto de 2009 ponerle un freno a los fuertes aumentos de tarifas que había autorizado el año anterior.
Para descomprimir la situación, se armó una salida transitoria que consistió en la suspensión total de los aumentos que estaban previstos para los consumos de los meses de junio y julio. Y una reducción parcial del 70% de las subas que se tenían que cobrar en el período agosto-setiembre.
A partir de ese momento, el Gobierno fue restableciendo esas bonificaciones temporales cada vez que se avecinaban los meses de mayor demanda invernal. Ese mecanismo fue el que dejó de aplicarse este año sin ninguna notificación, ni información a los usuarios.
La medida afecta a un universo de casi 900.000 clientes residenciales cuyos consumos invernales superan el nivel de los 1.000 kW bimestrales.
Sin esos descuentos transitorios, la franja de usuarios que consumen entre 1.000 y 1.400 kW por bimestre tienen que hacer frente a un aumento en las boletas que va del 40% al 70% con respecto al período junio-setiembre del año pasado.
En tanto, para aquellos usuarios cuya franja de consumo va de los 1.400 hasta los 2.800 kW bimestrales, las subas irán del 100% al 150%. Y para los hogares que tienen los consumos más elevados que superan los 2.800 kW por bimestre, los incrementos con respecto a lo pagado el año pasado arrancan en el 160% y llegan hasta el 250%.
Más allá de estas subas, el Gobierno tiene aún pendiente una medida tarifaria clave para el sector eléctrico. Se trata del demorado aumento en el valor de la energía destinado a reducir los millonarios subsidios que viene afrontando el Estado y que presionan cada vez más sobre el déficit fiscal y el desequilibrio de las cuentas públicas.
Inicialmente el “tarifazo” eléctrico se iba a aplicar en los primeros meses del año. Tras los aumentos que se autorizaron para el gas natural y los servicios de AySA, los funcionarios optaron por trasladar el ajuste en las boletas de luz para después del mundial de fútbol.
Pero a casi dos meses de la final que coronó a Alemania como nuevo campeón del mundo, el ministro de Economía, Axel Kicillof sigue postergando una definición mientras acumula cada vez más planillas de números y cálculos de un sector que se encuentra en estado crítico.
