Manuel Garrido, Leandro Halperín y Hernán Reyes
reflexionaron sobre la seguridad y la necesidad del diseño de políticas a
futuro en la cuestión. Coincidieron en que el Gobierno no está previniendo ni
sancionando el delito de manera eficiente.
Este sábado, agrupaciones que forman parte del Frente Amplio UNEN de la Ciudad de Buenos Aires, organizaron una charla debate sobre la seguridad. En el evento, impulsado por Jóvenes por la Igualdad (Coalición Cívica) y RAIZ (UCR) disertaron Manuel Garrido, diputado nacional por la UCR, exfiscal Anticorrupción y exjefe de Investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; Leandro Halperín, abogado, docente universitario y exdirector del programa UBA XXII de educación universitaria en cárceles, y Hernán Reyes, secretario parlamentario de la Coalición Cívica.
Manuel Garrido opinó que la corrupción es uno de los factores que “genera más espacio para la aparición de bandas de crimen organizado” y señaló que es necesario darle un espacio importante a la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de seguridad.
Los disertantes coincidieron la importancia de contar con estadísticas sobre los delitos, las zonas y el contexto de los delitos en nuestro país para, según señaló Reyes, poder diseñar políticas de seguridad y evaluar su eficacia. Además, lamentaron que estas no existan: “La única información que se tiene sobre el delito en nuestro país es la que viene de las cárceles”, explicó Halperín, quien además señaló que no es información significativa ni representativa. "¿Qué política pública de seguridad podemos tener si no hay información ni control político serio al respecto?", cuestionó Garrido.
Mientras que el Exfiscal remarcó que según su experiencia en Centroamérica “si el Estado abandona lo social, ese lugar lo toman la organizaciones criminales", Reyes señaló la dificultad que conlleva desentrañar el “pacto de connivencia entre el poder político y las organizaciones criminales” y Halperín coincidió en que “el Estado abandonó el control de la calle y lo delegó en representantes del crimen organizado”.
Los expositores también remarcaron la necesidad de superar los términos del debate respecto a la inseguridad actual, que en palabras de Hernán Reyes “es un debate pendular: o se pide mano dura o se niega la inseguridad”. Halperín, por su parte, remarcó que el llamado progresismo convive con varias contradicciones y que “no podemos negar que muchas veces tenemos miedo porque hemos sido víctimas del delito o conocemos gente que lo fue”. Además, afirmó que “la sociedad tiene que hacerse responsable de lo que produce, de cómo trata a quienes viven en este país y de cómo plantea la solución de las cuestiones que considera prioritarias”.
Con ellos coincidió Manuel Garrido quien sostuvo que "por lo general, las fuerzas progresistas tienen un problema de culpa para planear políticas públicas de seguridad" por lo que remarcó la importancia de reflexionar sobre el enfoque de la seguridad, cuyas políticas, aseguró, “son a mediano y largo plazo”.
