El gobierno argentino presentó formalmente la propuesta de canje de deuda en dólares que el anterior gobierno dejó en cesación de pagos. Básicamente se plantea una quita de capital de entre 5% y 12%, dependiendo el plazo del nuevo bono, y que no habrá pagos de capital ni intereses hasta finales del 2022. Entre el 2023 y 2025 se pagará una tasa de interés muy baja (del orden del 0,5% anual) y recién en el 2026 se empezará a pagar capital y mayores tasas de interés. De esta forma, el actual gobierno no tendrá carga de capital ni intereses de deuda en la mayor parte de su gestión.
El tema suscita fuertes polémicas. Los acreedores plantean que la propuesta es mezquina y arbitraria. El gobierno argumenta que el país no está en condiciones de pagar hasta tanto no recupere el crecimiento económico. Esto lleva a poner un exceso de atención en la puja y en las posibles consecuencias del desenlace. Pero hace perder de vista la cuestión central que es entender por qué la Argentina cae recurrentemente en la insolvencia y si es factible que alguna vez cambie esta anomalía.
Más allá de que se trata de un problema estructural, un testimonio muy ilustrativo de la alta propensión a gastar por encima de los recursos lo muestra la dinámica de las finanzas públicas en el 1º trimestre del 2020. Cabe aclarar que en la mayor parte de este período no tuvo incidencia el confinamiento. Según el Ministerio de Economía se observa que:
- Los ingresos públicos crecieron 36% con respecto a igual período del año anterior.
- El gasto público corriente (salarios, jubilaciones, prestaciones sociales y transferencias al sector privado) creció un 63%
- El gasto público en inversiones cayó un -18%
Estos datos muestran que los ingresos públicos crecieron muy por debajo de la inflación que en el período fue del 50%. Sin embargo, los gastos crecieron muy por encima de los precios. Esto se explica por el desaforado crecimiento del gasto corriente ya que la inversión pública en términos reales se redujo a menos de la mitad respecto al 2019. El resultado es que el 2020 arrancó con un déficit fiscal primario equivalente al 2,3% del PBI.
En este delicado contexto fiscal apareció el coronavirus. Siguiendo las recomendaciones de un cerrado círculo de expertos médicos, el gobierno adoptó la medida más extrema que es el confinamiento absoluto. Una de las consecuencias es que desde el 19 de marzo gran parte de la producción se paralizó. No se tiene todavía los resultados fiscales de abril, pero según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto presupuestario de las acciones tomadas por el gobierno para paliar el confinamiento asciende a otros 2,3% del PBI. Esto implica que el déficit fiscal ya debe estar por encima del 5% del PBI, dado que todavía falta computar el efecto caída de la recaudación.
Esta situación marca una diferencia sustancial con los países desarrollados (Estados Unidos y la mayoría de los de la Unión Europa). Ellos apelan al endeudamiento y a la emisión para paliar las consecuencias de la parálisis productiva. Pero la Argentina no está en las mismas condiciones. No puede endeudarse (aun suponiendo que resultara exitoso el canje de deuda) y tiene muy limitado espacio para emitir. Si el confinamiento se sigue prolongando, el déficit fiscal puede llegar a superar el 10% del PBI. Esto obligaría a una masiva emisión monetaria que duplicaría la base monetaria (actualmente en el 8% del PBI) y la cantidad de dinero que la gente tiene en efectivo, en cuentas corrientes y caja de ahorro (12% del PBI). Esto tiene implícito un alto riesgo de hiperinflación.
La crisis del coronavirus demuestra el bajo nivel de profesionalismo en la gestión pública. Por un lado, se opta por una estrategia sanitaria extrema sin considerar los daños productivos, sociales y sanitarios que ella genera. Por el otro, no se adoptan las medidas tendientes a explicitar y distribuir equitativamente el sacrificio de paralizar la producción. La prueba más contundente es la resistencia a reducir los sueldos de los empleados públicos. En este contexto, el desenlace del canje de deuda pública es un tema menor frente a los enormes costos sociales que genera la mala administración del Estado.
