Vicentín desmintió acusaciones respecto a su operatoria empresarial. A través de un extenso comunicado, la cerealera aclaró y rechazó los principales argumentos que motivaron el avance del gobierno nacional en la intervención y posible expropiación.
Entre los puntos destacados se encuentran la deuda con el Banco Nación, las triangulaciones y fuga de divisas y una contundente oposición al plan propuesto por Inspección General Justicia Santa Fe, que se presentó como una opción en los últimos días.
SOBRE LA DEUDA CON EL BNA
Al Banco Nación “le debemos U$S 290 millones, pero no es un préstamo puntual sino una línea de crédito, que vino acompañando el crecimiento de la empresa”, explicó la compañía. Y siguió: “Es el único banco al que se le dieron garantías que ningún otro banco tiene, entre ellas, una cesión de cobranzas (etanol) por la que el Banco Nación está percibiendo fondos”.
Según el directorio de Vicentín, la denuncia presentada en la Justicia contra las anteriores autoridades del banco y contra la línea (de crédito), “son totalmente infundadas”, por cuanto: “Las líneas se renuevan anualmente y tienen una extensión de hasta 15 meses. La de Vicentin de U$S 300 millones fue aprobada el 4/18, representando $ 6.000 millones a una cotización de $ 20 por dólar”; un monto que “a ese momento encuadraba perfectamente en la normativa de BCRA y era absolutamente lógica con la actividad de Vicentin (U$S 3.500 millones de ventas anuales)”.
No obstante, por motivo de las sucesivas devaluaciones, el monto de la deuda aumentó, haciendo que excediera en US$ 30 millones las reglamentaciones del BCRA, por lo cual, “el BNA consultó al BCRA posibles medidas para lograr el encuadramiento sin cancelación dada la situación de la cosecha”, ofreciéndose “un Seguro de Crédito a las Exportaciones, garantía hipotecaria sobre la Planta Ricardone”.
SOBRE TRIANGULACIONES Y FUGA DE DÓLARES
“Cada vez que se habla despectivamente del sector, genéricamente ‘cerealeras’, se mencionan los términos ‘triangulaciones’, ‘fuga y retención de dólares’. Esta vez sólo se lo adjudican a Vicentin y su conducción, pero ES MÁS DE LO MISMO. Un relato injustificado y explicado por el sector en distintos foros hasta el cansancio”, dijo la empresa.
Según el directorio de la compañía, “Vicentin S.A.I.C. no es una multinacional, ni mucho menos, pero compite en ese mercado y ha intentado internacionalizarse con casos muy puntuales (sucursales en Paraguay, Uruguay y Europa)”. Con todo, “ninguna de estas Sociedades fue creada para evadir impuestos o fugar divisas y sus libros y cuentas están abiertos a toda explicación que requiera la Justicia, ya sea a través del juez del Concurso, sus Síndicos, el ahora designado veedor o cualquier Juez de la República”.
SOBRE EL RECHAZO AL PROYECTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL
Los ejecutivos de la cerealera consideran que “es PEOR que el DNU porque expropia sin indemnizar (lo cual sería una confiscación) ya que desplaza a los Administradores elegidos por Asamblea (y ratificados por el juez del Concurso) y, curiosamente, se arroga la potestad de que los tres interventores hagan la propuesta para el Acuerdo con los Acreedores, trastocando completamente el sistema normal y ordinario de la Ley Concursal”.
Además, “insiste con poner profesionales sin experiencia previa en la administración de empresas, no han dedicado una sola palabra a explicar cuál es el plan que tendrían o qué es lo que la Provincia o la Nación aportarían para superar la situación de insolvencia”.
Según expresa “la Inspección General de Personas Jurídicas no es un organismo pensado ni creado para juzgar o intervenir en buenos o malos negocios de las empresas, mucho menos para gestionarlas o administrarlas”. Al tiempo que “nunca antes de recibir la orden del Gobernador, manifestó objeción o preocupación alguna por la situación de la empresa”.
Fuente: ON24
